“¿De qué justicia hablan?”

Por José Naselli (*).

La decisión de la Justicia Provincial de no permitir que sus Magistrados integren la Junta Electoral Municipal, cayó como un rayo en el tablero político.

La reacción del oficialismo fue selvática, cerril, no exenta de un terror mal disimulado. Leo por allí que, ceder una eventual mayoría, a abogados delgados de los partidos políticos representados en el Concejo, constituiría un acto antidemocrático de quienes se auto adjudican la exclusividad opositora.

Nos guste o no nos guste, cualquier ingeniería reglamentaria que pretenda forzar la letra y el espíritu de la COM, será un acto de insensato desacato a la ley, un delito tipificado en el Código Penal, ya que les está expresamente prohibido a los legisladores comunales arrogarse facultades constituyentes, y, para el caso de una “enmienda”, deben cumplirse rigurosamente los requisitos exigidos para ello.

Resulta curioso, hasta patético, que se descalifique a los partidos de oposición representados en el Deliberante, adjudicándoseles la intención de “dejar fuera (sic)” al resto de las organizaciones políticas.

Quienes han quedado “fuera”, por decisión propia, son los que apañaron con su cómplice silencio, los innumerables actos de corrupción perpetrados desde los más altos niveles del poder municipal.

La burda falsificación de firma mediante la cual se aprobó el traspaso a Federación Mercantil de los derechos licitatorios sobre el estacionamiento medido. La utilización de documentación adulterada para justificar el desvío de los dineros del pueblo hacia el Eninder. La incalificable fechoría de eludir la rendición de cuentas de los millonarios subsidios percibidos.

Las contrataciones directas efectuadas de espaldas y en contra de la ley. Los estériles viajes de “turismo” a Roma y otros destinos, enmascarados como propios de una “comisión” gubernativa, La negativa a investigar lo actuado por las empresas que se llevaron todo el dinero previsto para construir las 250 viviendas, y desaparecieron con más de la mitad de las casas por construir.

El empecinamiento en inundar los cielos con fuegos de artificio, con los peligros para las personas y para el medio ambiente que ello conlleva. La existencia de falsos funcionarios designados por decreto, que cobran por funciones que no ejercen; son sólo el antecedente de un etcétera muy largo.

Hoy, en vísperas electorales, aparecen, como hongos después de la lluvia, voces que nunca hablaron de estas cosas. Y dicen necesitar una justicia “…que dé garantías de imparcialidad y de transparencia”. ¿De qué justicia hablan? ¿De la que deja prescribir las causas? ¿De la que no investigó una sola coma? ¿De la que operó como garante de la impunidad más absoluta?

Ya es tarde para llorar sobre la leche derramada. Vertida por aquellos que, con despreciativo silencio, se convirtieron en partícipes de esa falta de transparencia que hoy tanto les preocupa.

(*) Vocal del Tribunal de Cuentas por el Partido Villamariense, afiliado al Partido Demócrata Cristiano.

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