Por José Naselli (*).
El 15 de Julio de 2014 llegó al Tribunal de Cuentas una solicitud de Eduardo Accastello y de su Jefe de Gabinete José Carignano (hoy devenido concejal) para ser autorizados a firmar un contrato de locación de una casa ubicada en el centro de la Ciudad de Córdoba.
La autorización previa resultaba imprescindible, por tratarse de una contratación directa de un alquiler destinado al funcionamiento (según la nota), de una “repartición municipal”.
Para ello, se ocultó (deliberadamente), al conocimiento de los Tribunos, que, en realidad, violando la Ordenanza respectiva, el contrato ya había sido firmado dos semanas antes, sin autorización alguna, clandestinamente, en la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez más, desde la cúpula del poder, se violaba la institucionalidad y se comprometían las finanzas del municipio (o sea, el dinero de los vecinos), en una maniobra ilícita e ilegítima.
Se argüían diversas motivaciones en torno a la supuesta utilidad de la “repartición” a instalar. El “guitarreo” justificativo fue impresionante. Pero todos sabían que en realidad, Accastello sólo pretendía erigir allí su “cuartel general”, en su galopada a la gobernación.
Utilizando vericuetos normativos, el espurio contrato fue validado, La mayoría cómplice en el Concejo (que sigue atornillada en sus bancas), miró para otro lado. La connivencia y la sumisión política funcionaron a la perfección.
A partir de allí llovieron órdenes de pago por alquileres, comisiones, mobiliario, máquinas de oficina, insumos, computadoras, boletas de luz, tasas y contribuciones, etc. Ni Gustavo Maristany, ni Andrea Mussa, ni el suscrito, nunca aprobamos estos gastos. Se pagaron bajo la responsabilidad personal del intendente en tales casos, o por la utilización del doble voto del presidente Julio Oyola, que jamás objetó acción alguna del Departamento Ejecutivo.
Hace unos días en un escueto comunicado, se dice que no se va a renovar el contrato de alquiler. Según el matutino que nos anoticia, el Jefe de Gabinete Héctor Muñoz: dijo: “…la Casa de Córdoba fue pensada como un ‘espacio institucional’…” Otra vez es más lo que se calla que lo que se dice. Porque nunca supimos qué “espacio institucional” cumplió.
No es bueno que las afinidades políticas se impongan por sobre la verdad. Se habla de que “no se va a renovar el contrato”, cuando el mismo vence recién dentro de un año y medio. O sea, estaríamos frente a una renuncia anticipada a los términos contractuales. De ser así, ¿Cuánto más le cuesta a los vecinos esta rescisión anticipada?
Y al mismo tiempo, habría que despojarse de una buena vez de las caretas y los tapujos, y decir claramente que jamás dicha casa cumplió funciones institucionales, sino que operó como unidad básica del candidato del Frente para la Derrota, que a pesar de los millones de pesos de los vecinos tirados a la basura, apenas contabilizó un miserable 18% de los votos.
Hoy, lejos de los anuncios espectaculares de campaña, se pretende cerrar asépticamente uno de los tantos capítulos vergonzosos de una desaforada ambición por el poder y la gloria. Pero aunque la justicia penal de Villa María tienda una vez más un “manto de piedad y de silencio” sobre la profunda ilicitud de estas conductas, la inmoralidad intrínseca de la gestión accastellista jamás será cancelada ni olvidada.
De todas maneras, saludo y comparto esta decisión de terminar con esta farsa y con el latrocinio permanente de los dineros públicos. Se me antoja como un tímido rayo de luz que pretende alumbrar las cavernas tenebrosas de la gestión más corrupta de la historia de la ciudad.
(*) José Naselli, ex tribuno de Cuentas de Villa María
