La Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer una causa que iniciaron a fines de diciembre de 2015 por la cual denuncian penalmente en contra de funcionarios municipales por irrugularidades en las cuentas bancarias del municipio.
Los miembros de este grupo de asambleistas manifestaron que “los delitos cometidos en principio, podrían ser de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.
La causa se llevó a la Fiscalía Federal de la ciudad a fines del año pasado pero este lunes 15 de febrero que el Juez Federal Ramon Rebak, ha firmado una resolución en la que se declara incompetente para investigar los ilícitos denunciados y ordenó el pase de la causa a la justicia provincial.
Según explican desde la Asamblea esto “nos obliga a levantar el manto de silencio que habíamos establecido, a fin de permitir una investigación penal sin trabas. La causa será girada al Juez de Control de esta ciudad, el que deberá remitirla a la fiscalía de instrucción que estime corresponda por razones de turno, al momento de haberse cometido los hechos presuntamente delictivos”.
Sobre las supuestas irregularidades
La denuncia se basa en las manifestaciones y documentación aportadas por los tribunos de cuenta de la oposición señores Jose B. Naselli y Andrea A. Mussa, referidas al manejo de las conciliaciones bancarias de la municipalidad.
Los tribunos dijeron en su momento que se habían producido diferimientos en las cuentas de Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba por $ 10.671.627, $ 7.172.666 y $ 22.669.966 , respectivamente y $ 1.037.349 en débitos pendientes de la cuenta de Banco Hipotecario S.A.
Detallaron que “el total de las diferencias, solo de las cuentas de esos bancos, asciende a la suma de pesos cuarenta y un millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos ocho ($ 41.551.608), sin perjuicio de diferencias que pudieren surgir en otras cuentas bancarias, que no fueron controladas”.
La denuncia se presentó en la justicia federal, ante la presunción de que los fondos podrían ser de origen nacional.
