Desde el PRO Villa María emitieron un comunicado para aclarar que no se hicieron modificaciones en el sistema para recibir los beneficios de pensiones por invalidez, y que las altas y bajas de beneficiarios son mensuales, dependiendo si se cumplen los requisitos para acceder.
Este es el texto:
Ante las versiones que indican la baja de pensiones por invalidez, queremos poner en conocimiento que el Gobierno Nacional no dejó ni dejará de otorgar pensiones por invalidez.
Desde diciembre de 2015, y continuando el trabajo que se venía haciendo en la gestión anterior, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales genera altas y bajas en el sistema todos los meses, cumpliendo la ley y cuidando a quienes más lo necesitan.Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.
Hay cuatro tipos de pensiones:
1) a las personas incapacitadas en forma total y permanente,
2) a las madres de siete o más hijos,
3) la pensión a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor, y
4) las “pensiones graciables” que entregó el Congreso.
Estas cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.
Todos los años, desde que existe el sistema, se dan de baja miles de pensiones, cuando sus beneficiarios dejan de cumplir con los requisitos establecidos por ley. En 2015, por ejemplo, fueron dadas de baja 168.500 pensiones. En 2016 se dieron de baja muchas menos, alrededor de 90.000.La reglamentación que establece estos criterios rige desde 1997 y no se han modificado.
Las bajas efectuadas se deben exclusivamente a incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan de acuerdo a los criterios que establece la ley. El Gobierno Nacional no ha modificado ningún requisito de inclusión a las pensiones. Seguimos trabajando con el mismo sistema, criterios y normas reglamentarias existentes. Los controles son mensuales.
En todos los casos, ni el beneficiario ni su cónyuge pueden percibir jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Tampoco pueden tener empleo en relación de dependencia, ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia del solicitante ni de su grupo familiar.
A esto hay que agregarle la situación de vulnerabilidad social en la que debe encontrarse el beneficiario, ademas de la causal objetiva de la pensión. Esas son las exigencias que el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a revisar en los últimos meses, y que, como mencionamos, vienen establecidas desde 1997.
Creemos que quien merece y necesita una pensión, hoy la tiene. De todas maneras, si se cometió algún error en algún caso específico será considerado y resuelto a la brevedad. Independientemente de esto encontramos que, como sucedió en otras áreas del gobierno, durante los últimos años se desvirtuaron los requisitos de otorgamiento de pensiones. Entre 2003 y 2015 la cantidad de pensionados se multiplicó por cinco, de 300.000 a casi un millón y medio.
Por otra parte, y en lo que hace a las pensiones para mayores de 65 años, las mismas estaban bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora recibirán la pensión universal para el adulto mayor. Es así que los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez de más de 65 años, serán transferidos a la ANSeS y pasarán a cobrar la pensión universal para el adulto mayor (PUAM). La medida implica una mejora del 14%, equivalente a $ 640 en los haberes de esos pensionados.
Hoy cobran el 70% del haber mínimo ($ 4.475) y transferidos cobrarán el 80%, hoy $ 5.115 por mes y que, como el resto de las prestaciones, se ajustan dos veces por año de acuerdo a la ley de movilidad. Así lo dispuso la Resolución Conjunta de ANSeS y la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional, publicada el jueves en el Boletín Oficial, que aclara que el traspaso abarca también a los que iniciaron el trámite para ser beneficiarios de la pensión no contributiva por invalidez. El último dato oficial marca que hay 1.056.504 de pensiones no contributivas por invalidez, de los cuales 37.766 tienen más de 65 años, según la ANSeS.
Para ser bien claros: lo que se hace es controlar que se cumpla la ley. En ningún caso se dan de baja, sino que se suspenden hasta que el beneficiario actualice la información que genera incompatibilidad con el beneficio. Además, en todos los casos siguen teniendo la cobertura del programa Incluir Salud; y si el beneficiario acredita que cumple los requisitos, el beneficio se reactiva con retroactividad.
