Emiliano Gabriel Ortiz fue condenado a seis años de prisión por múltiples delitos, incluyendo robo calificado, estafa y amenazas, tras un juicio abreviado en Villa María. Se dispuso además un tratamiento psicológico obligatorio.
La Cámara Criminal y Correccional de Villa María, con el juez Félix Alejandro Martínez como vocal, dictó una sentencia de seis años de prisión contra Emiliano Gabriel Ortiz, un hombre de 25 años, acusado de una serie de delitos cometidos entre junio de 2023 y julio de 2024.
El fallo, dictado por el juez Félix Alejandro Martínez, incluyó cargos de robo en grado de tentativa, estafa, amenazas y robo calificado por el uso de arma, con declaración de reincidencia.
Según el expediente, Ortiz intentó sustraer una batería de un camión estacionado en junio de 2023, siendo sorprendido por la policía antes de concretar el delito.
Meses después, en diciembre, abordó un taxi y simuló estar armado para exigirle al conductor su teléfono móvil. Sin embargo, el chofer logró escapar, frustrando el intento de robo.
En enero de 2024, Ortiz engañó a un remisero pidiéndole dinero prestado bajo la promesa de devolverlo al final del viaje, pero finalmente no pagó el servicio ni devolvió el efectivo.
En el incidente más grave, ocurrido en julio, amenazó a otro taxista con un objeto punzante, apoderándose de su billetera con dinero y un teléfono celular antes de darse a la fuga.
Condena y reincidencia
El tribunal tuvo en cuenta la reincidencia del imputado, quien ya había sido condenado en 2020 y gozaba de libertad condicional desde febrero de 2023.
Esta situación fue revocada, unificándose la nueva pena con la condena previa, resultando en una sentencia única de seis años de prisión.
Durante el juicio, Ortiz se conectó por videoconferencia desde la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Villa María.
La defensa estuvo a cargo de la asesora letrada Ivana Castoldi, mientras que el fiscal de Cámara, Francisco Márquez, llevó adelante la acusación.
Además de la pena de prisión, el juez dispuso que Ortiz reciba tratamiento psicológico coordinado por el Servicio Penitenciario, con informes periódicos sobre su evolución.
Este abordaje busca no solo sancionar los delitos cometidos, sino también trabajar en la rehabilitación del condenado.
