Crimen de Eduardo Ferreyra: la causa pasa al Juzgado de Dottori

A 10 meses del homicidio de Eduardo Ferreyra en barrio Felipe Botta, la causa judicial experimentó en las últimas horas un cambio de Juzgado.

Según se conoció, el expediente dejó de estar en manos de la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia, Nerina Gamero, y pasó al Juzgado de Control, a cargo de María Soledad Dottori.

Familiares del vecino asesinado fueron notificados este miércoles sobre la novedad.

Antes, se manifestaron frente a Tribunales para reclamar Justicia y pedir la detención del único imputado: Lucas Unzeta, de 18 años, cuñado de la víctima.

Pedido de prisión preventiva para el imputado

Soledad Ferreyra, hermana del fallecido, señaló que aún esperan que se dicte la prisión preventiva contra Unzeta, acusado del crimen ocurrido en octubre del año pasado.

“Estamos intranquilas sabiendo que el autor del hecho está en la calle, recorriendo Villa María y Villa Nueva”, expresaron las hermanas del vecino asesinado.

Además, denunciaron que en los últimos días recibieron amenazas por parte del imputado, quien al momento del homicidio tenía 17 años.

Según contaron, presentaron audios como prueba ante la Fiscalía de Turno, pero afirmaron que todavía no obtuvieron respuesta.

Motivos del cambio de Juzgado

Fuentes judiciales confirmaron que la jueza Gamero se apartó del expediente y que ahora será la doctora Dottori quien lo llevará adelante.

La magistrada ya había intervenido en medidas cautelares previas, por lo que la etapa actual del proceso recae en su competencia.

El próximo paso será fijar la fecha para la audiencia de juicio, donde se definirá la responsabilidad penal de Unzeta en el homicidio.

Un caso bajo el Régimen Penal de Minoridad

Como el acusado era menor de edad al momento del hecho, la investigación se desarrolla bajo la ley 22.278, conocida como Régimen Penal de Minoridad.

Esta normativa, vigente desde hace décadas, establece la edad mínima de imputabilidad y actualmente es objeto de debate legislativo.

Diversos sectores reclaman su actualización para adecuarla a la realidad social y judicial actual.

Reclamo de la familia por justicia

La familia Ferreyra mantiene su postura firme: consideran que el acusado debería esperar el juicio privado de su libertad.

Además, sostienen que las amenazas recibidas refuerzan el pedido de medidas cautelares.

Mientras la causa avanza en el Juzgado de Control, los allegados a la víctima aseguran que seguirán manifestándose en Tribunales hasta obtener una respuesta judicial que, según ellos, ya se demoró demasiado.