El lunes 14 de noviembre, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a 52 universidades nacionales por malversación de caudales públicos. La información que motivó el accionar fue una nota publicada por el diario Clarín acerca de la distribución de dinero a las casas de altos estudios durante le gobierno de Cristina Fernandez.
De las 55 universidades nacionales sólo quedaron fuera de las denuncias las de Scalabrini Ortiz, San Antonio de Areco y de la Defensa Nacional. Esto motivó una dura crítica pro aprte de la sinstituciones, y la Universidad Nacional de Villa María no fue la excepción.
Este viernes, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María, máximo órgano de funcionamiento permanente de la institución, difunció un comunicado manifestándose al respecto, diciendo lo siguiente:
“Habiendo tomado conocimiento de la denuncia a nuestra casa y la realizada a otras universidades se pudo comprobar lo siguiente:
1) Se trata del mismo texto de denuncia en todos los casos, una especie de “denuncia serial” sin particularizaciones.
2) Las pruebas aportadas son solamente 2: una publicación del diario Clarín del mes de abril de 2016 e informes de la Secretaría de Políticas Universitarias que acreditan la transferencia de fondos a las 52 instituciones.
3) Que lo anterior constituye, a criterio del Sr. Fiscal y a partir del análisis realizado por el medio de prensa, una presunción de que las Universidades habrían utilizado los recursos remitidos de manera impropia o que los habrían destinado a fines distintos a los que estaban previstos en los actos administrativos de su otorgamiento.
En este contexto, el Consejo Superior advierte que la conducta del Fiscal es al menos apresurada e imprudente, causándole un daño irreparable a todo el sistema universitario, poniendo en duda el manejo transparente de los recursos públicos e instalando públicamente que una acción totalmente ordinaria como lo es la transferencia de fondos de parte del Estado a las Universidades constituyen en sí un delito.
Queremos expresar que ciertamente constituiría un delito una conducta contraria, es decir que el Estado dejara de remitir fondos, ya que por mandato de la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y otros dispositivos normativos, es precisamente al Estado a quien corresponde la responsabilidad indelegable de sostener a las Universidades Públicas.
Asimismo queremos expresar que la denuncia del Fiscal nos ha sorprendido ingratamente, ya que además de carecer de todo elemento probatorio, nada se realizó a través de los medios que el Estado Nacional dispone para poder investigar acerca de los procedimientos y ejecución de gastos dentro de las Universidades, las delegaciones de la SIGEN que en el caso de la UNVM cuenta con un 5 auditores cuya tarea única es la de contralor mencionada.
No obstante lo expuesto, queremos acompañar las expresiones vertidas por el Sr. Rector en diversos medios de prensa en el sentido de que nuestra Universidad se encuentra a disposición de las instituciones constituidas y que puede dar cuenta de cada peso remitido por el Estado Nacional cuando sea necesario y así se requiera; esperando que la/el juez interviniente resuelva prontamente el destino de la denuncia.
Invitamos a todos los actores de la comunidad universitaria y comunidad en general a defender nuestra institución y al sistema universitario de todo el país de este ataque infundado, que se suma a las acciones perjudiciales que está llevando adelante el Congreso de la Nación distribuyendo recursos de manera arbitraria e injusta y ratificamos nuestro compromiso inclaudicable con la universidad pública, gratuita y de calidad por la que seguiremos trabajando sin tregua desde este lugar del interior del interior”.
