Por Misael Ogas (*).
En la provincia de Córdoba se va a realizar la décima marcha de la gorra contra el código de convivencia (código de faltas) donde miles de jóvenes se van a movilizar en gran parte de la provincia, marcha que cada vez suma más gente, en Villa María se va a desarrollar la quinta marcha la cual denuncia la política de criminalización hacia la juventud por parte del gobierno provincial de la mano del accionar policial.
Schiaretti considera que la inseguridad deriva de la exclusión que el genera al no garantizar las condiciones mínimas de vida, en la provincia faltan mas de 300mil viviendas, hay miles de trabajadores precarizados, y un índice de desempleo del 40%, sin embargo el problema del crecimiento del delito no reside ahí sino en el entrelazamiento del estado con el crimen organizado y de un estado judicial que le da impunidad.
Se regimenta los jóvenes de los barrios y se quiere excusar la sobre inversión en el aparato represivo con el lema de mayor seguridad cuando la cuestión es inversa, en muchos casos los jóvenes son arrojados a robar por el propio aparato represivo a través del crimen organizado, donde el año pasado separaron a 67 efectivos de la fuerza policial por el robo de armas, o con las fuerzas de seguridad llevando la droga a los barrios como fue la crisis de la narcopolicía de De la Sota en el año 2013, es decir una sobre inversión en las fuerzas de seguridad va derecho a garantizar la delincuencia.
La policía de la provincia de Córdoba no solo que violenta a los jóvenes de los barrios periféricos sino que también incurre en cientos de casos de gatillo fácil, o “suicidados” en las comisarías como fue el caso de Soledad Fonseca en la UR8, Joel Sola y Carlos Sola, casos que la justicia no investiga y mantiene cajoneados siendo cómplices del accionar de la policía, e incluso garantizando la puerta giratoria para los ladrones de guante blanco, los responsables de la trata y el narcotráfico, es decir puerta giratoria de clases donde solo quedan presos los pobres.
Por eso planteamos la remoción del poder judicial y su reemplazo por jueces y fiscales electos y revocables por la población, el control de la población sobre las fuerzas de seguridad, empezando por las propias comisarías; la nacionalización del juego en todas sus variantes, como sala de casinos y bingos, que utiliza el narcotráficos para importar y exportar droga repudiamos al fallo de la corte sobre el derecho a huelga y el involucramiento de las fuerzas del ejército en la represión interna, con esta línea acuerdan todos los gobernadores, que es la otra cara de la confiscación económica de las masas, sin represión no pasa el ajuste.
(*) Misael Ogas, Partido Obrero.
