- Un hombre de 23 años fue condenado a ocho años de prisión en Villa María por delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
- La audiencia se realizó a puerta cerrada y la identidad de las víctimas se mantuvo en reserva para evitar su revictimización.
Un hombre de 23 años, identificado como M.R.E.G., fue condenado a ocho años de prisión tras ser hallado culpable de varios delitos de abuso sexual y corrupción de menores en Villa María. La audiencia de debate tuvo lugar el 22 de julio de 2024, y se desarrolló a puerta cerrada, no siendo un juicio abreviado.
El tribunal estuvo compuesto por la vocal, Dra. Edith Lezama de Pereyra, el secretario, Dr. Walter Daniel Rodríguez, y el fiscal de cámara, Dr. Francisco Márquez.
El defensor del imputado, el abogado Manuel Argüello, presentó su caso, pero no logró evitar la condena.
Según el veredicto, M.R.E.G. fue declarado penalmente responsable de los delitos de lesiones leves calificadas en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado continuado, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada.
Estos delitos se enmarcan en los artículos 45, 54, 55, 119 tercer párrafo en función del cuarto párrafo inciso “f” y 125 tercer párrafo del Código Penal Argentino.
El tribunal decidió imponerle a M.R.E.G. una pena de ocho años de prisión, además de las accesorias de ley y costas correspondientes a los artículos 5, 9, 12, 19, 29 inciso 3°, 40 y 41 del Código Penal Procesal, así como los artículos 412, 550 y 551 del mismo código.
En la segunda parte de la resolución, el tribunal dispuso la realización de un tratamiento psicológico adecuado a la problemática del imputado, el cual deberá ser coordinado por el Servicio Penitenciario.
Este tratamiento será supervisado y se deberá informar sobre su evolución al tribunal interviniente.
Dado que se juzgaron delitos contra la integridad sexual, se decidió inicializar el nombre de la persona condenada con el objetivo de preservar la identidad de las personas damnificadas y evitar su revictimización. Esta medida busca proteger a las víctimas y garantizar que no sean expuestas nuevamente al trauma de los delitos sufridos.
