En una reunión entre la Municipalidad de Villa María y el Poder Judicial se resolvió que se le entregará a los fiscales los datos de personas que se hayan contagiado en reuniones sociales no autorizadas, para utilizarlos en sus investigaciones y definir imputaciones.
La información fue revelada en la presentación del informe de casos del miércoles 2 de septiembre por parte de Pablo Rosso, junto con el secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, Eduardo Rodríguez, y su par de Salud, Humberto Jure.
En esta presentación, Rodriguez explicó que el martes por la tarde se mantuvo una reunión vía Zoom con la fiscal Juliana Companys, instructora coordinadora de las causas relacionadas a la pandemia, y allí se acordó esta nueva metodología que busca perseguir con mayor énfasis a quienes organizan y participan de reuniones sociales no autorizadas.
El secretario de Gobierno detalló que desde el Poder Judicial solicitarán los datos de trazabilidad a la Mesa de Epidemiología del COE local, identificando los contagios que nacen de reuniones no autorizadas, para comenzar así una investigación y la posterior imputación en caso de corresponder.
El Código Penal establece medidas de encarcelamiento para quienes propaguen la enfermedad, situaciones que se vienen dando principalmente en las reuniones sociales de jóvenes, quienes luego transmiten el virus en sus viviendas a padres y abuelos.
En este marco, Seguridad Ciudadana, Policía de Córdoba y la Fiscalía notificarán y harán el seguimiento correspondiente a quienes deban cumplir con las medidas de aislamiento, garantizando que efectivamente lo hagan.
Esto último viene a relacionarse con los hechos ya revelados de personas que, aún debiendo cumplir el aislamiento por ser caso sospechoso, rompen esa orden y salen de sus viviendas antes del tiempo y los análisis que deben cumplirse.
