El gobernador Martín Llaryora, arribó este viernes 27 a Villa María para inaugurar la nueva sede de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Ruta Nacional 9 km 552. El acto contó con la presencia del intendente Eduardo Accastello y el ministro de Justicia Julián López.
La nueva delegación busca marcar un cambio en la estrategia de persecución del narcotráfico en la región.
Hasta ahora, la fiscalía especializada de Villa María debía atender causas de múltiples ciudades, lo que dispersaba los recursos y limitaba la capacidad de investigación. Con la sede propia, los fiscales y efectivos pueden concentrarse exclusivamente en la jurisdicción local.
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Nueva sede antinarcotráfico
La nueva sede antinarcotráfico representa una inversión en infraestructura y recursos humanos en medio de un contexto económico difícil, indicaron las autoridades.
Llaryora defendió la decisión de abrir la unidad pese a las restricciones presupuestarias.
“Esto no es obra de la casualidad, es obra del trabajo y la decisión”, concluyó el gobernador ante los presentes.
El gobernador explicó que la provincia duplicó la cantidad de fiscalías antinarcóticos como parte de una ley que enfrentó resistencia legislativa.
“Cuando uno envía una ley para duplicar fiscalías contra narcotraficantes, cualquiera creería que salió por unanimidad. No fue así”, señaló el gobernador.
La norma también contempló el aumento de efectivos policiales y la incorporación de fuerzas nacionales en operativos.
“La Justicia trabajando en conjunto con la FPA hace que Córdoba sea claramente hostil al narcotráfico”, subrayó el mandatario provincial, quien remarcó además que esta nueva sede de la fuerza será importante para toda la región.
Un compromiso que alcanza a los funcionarios
Según indicaron las autoridades provinciales, la lucha contra el narcotráfico en Córdoba incluye controles internos en la propia administración pública.
Llaryora reveló que todos los funcionarios provinciales deben someterse a narcotest de manera obligatoria, al igual que las fuerzas de seguridad.
“Si alguien tiene esa enfermedad, está a merced del narcotraficante, que lo puede extorsionar”, justificó el gobernador.
Esta medida busca garantizar que ningún dirigente político opere bajo la influencia de sustancias ilegales.
Según Llaryora, la provincia es la única en el país que implementa este requisito para todos sus funcionarios.
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, subrayó que la nueva sede en Villa María es el fruto de una planificación estratégica y un fuerte trabajo interinstitucional.
Señaló que “este hito no es un hecho aislado, sino la respuesta a una decisión política firme de priorizar los recursos hacia las necesidades más urgentes de la comunidad”.
En tanto, Accastello reforzó el mensaje desde la perspectiva municipal.
El intendente valoró la articulación entre la policía provincial, el Ministerio Público Fiscal y el gobierno local para resolver delitos.
“Quien se anime a entrar a Villa María a cometer un delito sabe que terminará en la cárcel”, advirtió el jefe comunal.
Seguridad como factor de desarrollo
Accastello vinculó la política de seguridad con el crecimiento económico de la región. El intendente contó que directivos de una empresa china mencionaron la seguridad como factor decisivo para elegir Córdoba.
“Estamos eligiendo esta provincia por el trabajo articulado del sector privado y público, y por la seguridad que tiene”, citó el jefe comunal sobre la conversación con los empresarios.
El intendente destacó que su gestión municipal logró el mayor nivel de coordinación con fuerzas policiales y fiscales en sus cuatro mandatos discontinuados.
“Trabajando juntos, gobiernos provinciales y locales, fuerzas policiales y justicia, podemos fortalecer nuestras comunidades”, afirmó Accastello al agradecer la decisión del gobernador.
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