En los primeros días de la puesta en marcha de la Ordenanza 8156 que busca combatir la contaminación sonora, ya se retuvieron 11 motocicletas con caños no reglamentarios. Los infractores podrían perder beneficios sociales.
Además de las retenciones por caños de escape adulterados, los operativos registraron 43 motos más retenidas por infracciones como falta de casco protector y documentación obligatoria.
Guadalupe Vázquez, secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, explicó que la nueva normativa agiliza los procesos de control y la remoción de vehículos que infringen las disposiciones sonoras.
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La ordenanza, que estará vigente por seis meses, faculta a las autoridades municipales para retirar de la vía pública cualquier vehículo que exceda los niveles permitidos de emisión sonora.
Los infractores tienen la posibilidad de solicitar una medición oficial para demostrar el cumplimiento de la normativa, lo que podría eximirlos de multas y gastos relacionados.
Planes sociales en riesgo
Uno de los puntos más controvertidos de la normativa establece que quienes sean identificados con vehículos adulterados serán excluidos de los programas sociales municipales.
Según Vázquez, esta disposición busca asignar los recursos sociales de manera justa.
“Si hay recursos para modificar un vehículo y generar molestias, tiene que haber recursos para atender otras necesidades básicas”, señaló la funcionaria.
Paralelamente, la ordenanza fija sanciones para talleres mecánicos que alteren caños de escape, con multas mínimas de 500 U.M.
Los talleres habilitados recibirán notificaciones oficiales sobre esta normativa, reforzando la prohibición de realizar modificaciones que afecten la calidad de vida urbana.
