Por Facundo Altamirano (*)
Las vísperas del 24 de marzo se caracterizan por una agudización de la crisis política en todos los planos.
La muerte del fiscal Nisman ha puesto de manifiesto que a 39 años del golpe genocida de los Videla y Massera el Estado sigue siendo en lo esencial un aparato de espionaje y represión contra el conjunto de la población.
El affaire Stiuso también permitió poner en evidencia que los sucesivos gobiernos constitucionales han preservado los servicios de inteligencia de la dictadura militar.
El gobierno “nacional y popular” del kirchnerismo fue más lejos aún, al promover el entrelazamiento de la Side con los aparatos de espionaje de estados extranjeros, en primer lugar la CIA y el Mossad.
A la represión y el espionaje se le suma la pérdida de toda soberanía nacional.
Argentina arrastra un largo proceso de impunidad, que incluye a crímenes contra el pueblo, perpetrados directa o indirectamente por el aparato del Estado.
La lista comprende al atentado contra la Embajada de Israel y la sede de la Amia pero no se detiene allí. Deben integrarse la voladura del arsenal de Río Tercero, a fin de eliminar las pruebas del tráfico de armas a Croacia, los muertos en los accidentes ferroviarios como resultado del entrelazamiento de funcionarios y empresarios amigos, las víctimas de la trata de mujeres y del narcotráfico, los pibes asesinados por el gatillo fácil o las ejecuciones producidas por las patotas de la burocracia sindical y sus barrabravas que crecen al amparo de políticos patronales y burócratas.
El gobierno nacional, que se ha valido de la demagogia de los derechos humanos para borrar su pasado menemista y cooptar a ciertos dirigentes u organismos, es el máximo responsable político de estos crímenes contra el pueblo.
El kirchnerismo gobernó con Stiuso en la Side, con las patotas de la burocracia sindical para regimentar a los trabajadores y preservó a la mafia pejotista en las provincias y municipios, que, como se sabe, es quien regentea el negocio del narcotráfico y la prostitución.
El oficialismo trata de eludir su responsabilidad culpando al “partido judicial”.
Pero fue el kirchnerismo (y no otro) quien nombró a la mayoría de los jueces y fiscales actuales. La disputa entablada entre ellos es el resultado de una fractura entre socios que gobernaron juntos durante una década.
El pasaje de todo un sector de la clase capitalista a la oposición al gobierno quebró también el aparato del Estado, a sus servicios y a su poder judicial. Fue este sector el que promovió el 18F, al que se sumaron los Macri, Massa, Sanz y cía.
Este aparato judicial opositor, así como el que todavía se mantiene leal al oficialismo, es responsable, junto con los sucesivos gobiernos, de los principales hechos de impunidad en el país.
En nombre de esa vieja complicidad, el kirchnerismo ha salido a tramitar una tregua con ellos.
Luego del 18F de la oposición patronal y del 1M del gobierno de Milani y del Proyecto X, el movimiento popular tiene que ganar la calle en su gran jornada de lucha: el 24 de Marzo.
Vamos por los 30.000 compañeros, por la apertura de los archivos de desaparecidos de la Side, para que se vaya Milani, por el esclarecimiento de todos los crímenes contra el pueblo, por la anulación de la ley ‘Antiterrorista’, por la aparición con vida de Jorge Julio López, por el desprocesamiento de todos los luchadores populares.
(*) Partido Obrero Villa Nueva
