La denuncia de una ex empleada de Tránsito por acoso contra un dirigente gremial municipal se dirime en el plano judicial, pero también el político. En la mañana de este miércoles 2 de noviembre, un grupo de integrantes de organizaciones políticas y sociales reclamaron frente a la sede del Departamento Ejecutivo “que tomen medidas y se pronuncie ante la violencia de género”, según expreso Nadia Brossard, del partido MST.
“El estado municipal ha consentido al supuesto acosador y se la pasa dilatando el juicio en tribunales, y la justicia es cómplice del Ejecutivo”, agregó la mujer.
Tras decir que “es el juicio con más antigüedad en la cámara laboral”, acotó que “en 2009 denunciaron 6 empleadas acoso laboral, y todas se quedaron sin trabajo. Y el supuesto acosador no tiene ni un sumario, y sigue trabajando”.
Brossard hizo referencia al dirigente gremial Rubén Quevedo como el supuesto acosador, quien habría victimizado a Ivana Chialvo.
“Hay silencio y complicidad del municipio para protegerlo a él. Ivana chialvo tiene un gasto de 4000 pesos por mes en medicación y la junta le dio un 70% de incapacidad por el hostigamiento y el acoso que sufrió desde 2007 y 2009”, completó la militante.
“Abarca a todas”
Por su parte, integrantes del grupo La Poderosa se sumaron a la protesta “tratando de acompañar este caso puntual, pero que también abarca a todas las mujeres por la violencia de género. La Municipalidad no puede no decir nada”, opinaron.
Dijeron que “Ivana está siento revictimizada todo el tiempo, y el que tiene que ser juzgado es Quevedo”. Recordaron que en la marcha del paro de mujeres marcharon con carteles con el rostro del acusado “y casi nadie sabía del caso, porque se encargaron de invisibilizarlo”.
Fotos: VillaMariaVivo.com.
