El Registro Seccional de la Propiedad del Automotor A de Villa María permanece cerrado, dejando sin atención a quienes necesitan realizar transferencias y otros trámites vehiculares.
De acuerdo a lo que pudo saber Villa María VIVO de una fuente del sector, la falta de atención en la oficina se debería a la renuncia del titular del registro, lo que ha generado incertidumbre entre los ciudadanos y trabajadores afectados.
Según testimonios recogidos, la situación tomó por sorpresa a quienes acudieron a realizar gestiones. “Fui a hacer una transferencia y está cerrado. Ningún otro registro está tomando los trámites de esta seccional”, comentó un usuario que intentó realizar una operación y no obtuvo respuesta.
Registro cerrado en Villa María: esperan intervención oficial
Otro testimonio aportó que la Dirección Nacional del Registro Automotor debería intervenir para designar a un nuevo responsable.
“El director del registro renunció. Cuando eso pasa, se debe presentar la renuncia ante la Dirección Nacional, que tiene que hacerse cargo hasta poner un interventor”.
“Por ahora, el registro sigue cerrado y estamos esperando que llegue la intervención para poder ingresar y retirar los trámites”, explicó una persona afectada por la situación.
La falta de información sobre los plazos de reapertura genera preocupación, ya que hay usuarios con documentación retenida dentro de la oficina.
“Yo tengo dos o tres trámites ahí, y así como yo, hay un montón de gente”, agregó la misma fuente.
Impacto en trabajadores del registro de motovehículos
Además del impacto en los usuarios, los empleados del registro se han visto directamente afectados.
Según se informó, quienes trabajaban en la oficina recibieron telegramas de despido debido a la situación. “Por fuerza mayor, se quedaron sin trabajo”, afirmó un testigo.
El Registro Seccional de la Propiedad del Automotor A se encuentra ubicado en José Ingenieros 583, Villa María.
Cierre de Registros Automotores en Argentina
El gobierno de Javier Milei ha llevado adelante una política de desregulación que incluye el cierre de 320 Registros del Automotor, lo que representa aproximadamente el 20% del total en el país.
La medida busca reducir costos, eliminar trámites burocráticos y modernizar el sistema con una mayor digitalización.
En una primera etapa, se cerraron 136 registros y se canceló la apertura de otros 12. Posteriormente, se sumaron 155 cierres adicionales, totalizando 320 oficinas eliminadas.
Paralelamente, se anunció una reducción del 30% del personal en la Dirección de Registros Automotores, impulsada a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Como parte de la simplificación del sistema, se eliminaron algunos requisitos administrativos, como el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) y la cédula azul, permitiendo que los vehículos sean conducidos únicamente con la cédula verde del titular.
Además, el plan del gobierno apunta a la creación de un registro único y completamente digital, con el fin de agilizar los trámites y minimizar la intervención estatal.
El presidente Milei ha defendido la medida argumentando que los registros eran utilizados como “cajas políticas” y que su funcionamiento respondía a intereses de la denominada “casta”.
También se habilitó la posibilidad de inscribir autos 0km en cualquier seccional del país, promoviendo la competencia entre registros y permitiendo a los usuarios elegir la jurisdicción con menores costos impositivos.
Sin embargo, la medida ha generado controversias. En un primer momento, a pesar del discurso de reducción de costos, se registró un aumento en los aranceles de los trámites, lo que generó cuestionamientos.
Preocupación por pérdidas de puestos de trabajo
Además, el cierre de registros ha generado preocupación por la pérdida de empleos, ya que muchos trabajadores de estas oficinas se quedaron sin trabajo de un día para el otro.
También persisten críticas sobre la verdadera motivación de la medida, señalando que el problema de politización en los registros automotores no necesariamente se soluciona con su cierre masivo.
El gobierno sostiene que estas reformas son necesarias para modernizar y desburocratizar el Estado. Mientras tanto, sectores afectados advierten sobre las posibles consecuencias negativas en términos laborales y administrativos.
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