Con la llegada de La Saladita, se generó una polémica en cuanto a las habilitaciones que se dan fuera del ejido urbano.
En realidad, la Comunidad Regional San Martín había otorgado competencia a Villa María por relación de cercanía, pero a su vez desde La Saladita se defendía con una autorización firmada por el Juez de Paz de Las Mojarras.
Luego de una semana de idas y vueltas con clausuras por inhabilitaciones, incumplimientos y actas de infracción que derivó en una mesa de diálogo entre el municipio villamariense y la organización de la feria, finalmente La Saladita cerró con la promesa de volver en septiembre.
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Un proyecto al Concejo
En ese marco, este jueves 8 el bloque oficialista, Villa María para la Victoria – Partido Justicialista, presentó ante el Concejo Deliberante y proyecto que pretende modificar el Código de Faltas para que el municipio regule determinadas actividades fuera del ejido urbano.
Por los ciudadanos
El presidente del bloque, concejal Carlos De Falco, indicó que “hay actividades que si bien se realizan fuera del ejido y sus proximidades, pueden tener efectos en los derechos y garantías de los ciudadanos”.
En ese sentido, el proyecto presentado busca que esas actividades estén reguladas por ordenanzas locales “para que el ciudadano vaya tranquilo” y que se respeten las normativas y reglamentos en cuanto a habilitaciones, seguridad, higiene y tránsito.
Desde hace mucho
Según explicó el concejal, el tema “se viene planteando desde hace mucho”. Como ejemplo, citó la seguridad en los establecimientos de salones de fiesta que están fuera del radio pero que “el Estado Municipal presta servicios de seguridad”.
Como cualquier comercio
Lo que buscan es que quien desee realizar una actividad fuera del ejido, realice el proceso que realiza cualquier comercio para la habilitación tales como seguridad, ley provincial de Seguridad Eléctrica, normativas sanitarias, entre otras de acuerdo a cada establecimiento y actividad.
Las Zonas Grises
En tanto a las zonas grises, como en la que se emplazó La Saladita, son competencias de la Comunidad Regional (CR).
Por ello, el proyecto presentado en el Deliberante propone que el Departamento Ejecutivo Municipal solicite autorización y delegación de atribuciones ante la CR para que pueda, como Estado, regular este tipo de actividades.
