Ariel Alejandro Difebo amenazó a un juez y terminó condenado a 5 años de prisión. Le imputaron el delito de coacción a un funcionario público. También amedrentó a una secretaria de Arturo Ferreyra.
En marzo de 2020 el juez de Ejecución Penal Arturo Ferreyra recibió un llamado desde la cárcel de Ariel Alejandro Difebo. Un interno que estaba cumpliendo una tercera condena por robo calificado y desobediencia a la autoridad.
Lo que comenzó como una actividad habitual, Ferreyra siempre atendía a todos los presos, terminó en una amenaza. Difebo le dijo que “si no lo liberábamos, me iba a ir mal en la calle.
Y no terminó ahí, sino que también a los dos días amenazó a una de mis secretarias”, explicó el doctor a Villa María VIVO.
Fue entonces cuando decidió que no podía dejar esta actitud reiterada y dio intervención a la fiscalía que hoy falló en contra del imputado.
Según el dictamen aportado por el fiscal Francisco Márquez se resolvió que es autor responsable del delito de coacción calificada. E imponer para su tratamiento penitenciario, la pena de cinco años de prisión, con declaración de reincidencia.
Ferreyra destacó que “no tenemos una custodia permanente y como ciudadanos realizamos una vida rutinaria. Por lo que es fácil ubicarnos, saber dónde vivimos, el recorrido que hacemos a diario”.
A meses de su libertad
“Charo” Difebo estaba próximo a cumplir su condena. Le faltaban seis meses para alcanzar la libertad e incurrió en este delito por el que amenazó a un juez.
Las pericias psicológicas le daban mal porque lo describían como una persona con poca capacidad de frustración y que salía podía volver a delinquir.
El artículo 13 del Código Penal estable que para que una persona pueda ser liberada debe haber cumplido el tiempo de detención, presentar buena conducta y contar con un informe técnico favorable. Este es el psicológico que no pasó en tres oportunidades por lo que Difebo se impacientó.
Fue justamente a partir de este caso que el juez decidió cambiar el modo de comunicación con los presos del servicio penitenciario de la cárcel de barrio Belgrano. Desde este hecho los internos solo pueden pedir una cita con el doctor en el que participan guardiacárceles. Por lo que de alguna manera sentó jurisprudencia en el ámbito local.