Itatí Demarchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, criticó las modificaciones anunciadas por el gobierno nacional en el marco de la Ley Hojarasca. Afirmó que delegar el trámite de divorcio a la administración pública pone en riesgo los derechos fundamentales y puede generar desigualdades.
Demarchi destacó que el proceso judicial es esencial para garantizar que ambas partes actúen con plena voluntad y sin presiones, especialmente en casos de violencia económica o desventaja.
Críticas al nuevo esquema de divorcios
Demarchi cuestionó la propuesta del gobierno nacional de trasladar la tramitación de divorcios a la administración pública, como parte de la Ley Hojarasca. Señaló que este cambio representa un riesgo, ya que podrían no detectarse situaciones de violencia o falta de voluntad real de una de las partes. Según la presidenta del Colegio de Abogados, “la administración pública no cuenta con las herramientas jurídicas para proteger a los contrayentes”.
La abogada advirtió sobre las posibles desventajas para personas que se encuentran en situaciones de violencia económica o desigualdad con respecto a su pareja, argumentando que estas modificaciones podrían dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables.
“Por algo la magistratura cobra una relevancia fundamental, porque tiene la forma para darse cuenta si no estamos dejando a alguien en soledad. Ni hablar de todas las nulidades que se pueden venir en materia de distribución económica, en materia de custodia de los niños, de cuidado de los niños, de responsabilidad parental”, dijo.
Y agregó: “Esta ley lo que pretende es sacar de la órbita de familia, sacar de la especialidad de familia, sacar del magistrado que entiende de familia y dejarlo en la administración pública, a una de las situaciones más difíciles que es la disolución de un vínculo.”
Defensa del proceso judicial en los divorcios
Demarchi subrayó que la intervención del juez es clave para asegurar que ambas partes ratifiquen su decisión de divorciarse con libertad. En su opinión, las audiencias judiciales garantizan que no se cometan abusos ni se violen derechos fundamentales, lo que sería difícil de asegurar en un trámite administrativo.
Criticó la idea de que un divorcio pueda considerarse un trámite simple, comparándolo con una intervención quirúrgica: “Nadie iría a un abogado para sacarse una muela, así como tampoco iría a un odontólogo para gestionar un divorcio”. Demarchi insistió en que el divorcio es un proceso complejo y emocionalmente delicado que debe ser abordado por especialistas y supervisado por la justicia.
Rechazo a la Ley Hojarasca
Demarchi denunció que la ley promueve una falsa simplificación del trámite de divorcio, vendiéndolo como “más rápido, barato y sencillo”. Sin embargo, advirtió que la eliminación de la supervisión judicial puede generar nuevas injusticias y aumentar los litigios en el futuro, especialmente en lo referente a la distribución de bienes y la custodia de los hijos.
“Nos quieren hacer creer que esto va a ser más bueno, más bonito y más barato. Uno de los argumentos que tiene la posición que estableció esto es que es más económico el divorcio si lo hace por un lugar civil que si pasa por abogados. Pero no es cierto”, declaró.
Además, expresó preocupación por el impacto de esta reforma en las familias, indicando que el Código Civil de 2015 introdujo avances importantes en la regulación de los vínculos familiares y la protección de los más vulnerables. Demarchi concluyó que estas modificaciones desvirtúan esos logros al trasladar una cuestión tan sensible como el divorcio a un ámbito meramente administrativo.
