Profesionales de diferentes centros terapéuticos volvieron a concentrarse en Plaza Centenario junto a familiares y vecinos para rechazar el veto a la ley de emergencia que buscaba actualizar aranceles y mejorar condiciones laborales en el sector discapacidad.
Mientras se desarrollaba la manifestación en Villa María, el Congreso de la Nación iniciaba la sesión para tratar el veto presidencial.
La ley había sido aprobada semanas atrás, pero el presidente Javier Milei la vetó.
A las 16:00 horas de este miércoles 20, Diputados finalmente rechazaron el veto y está a un paso de convertirse en ley. Esto último ocurrirá cuando el proyecto vuelva a Senadores y vote.
Ley de emergencia en discapacidad
Ludueña Yanina, del Centro Raíces, explicó que la manifestación busca el “acompañamiento de la sociedad en esta mala decisión para nosotros de vetar la ley de emergencia”.
Según la profesional, la normativa apunta a generar un diálogo hasta 2027 para actualizar el nomenclador de prestaciones.
Aranceles congelados desde 2023
Los manifestantes denuncian que el nomenclador no se actualiza desde 2023.
Actualmente cobran 12.000 pesos por sesión de psicopedagogía, terapia ocupacional o psicología, mientras el pago se efectiviza recién a los cuatro meses.
“Los profesionales también somos personas que vivimos la inflación, que comemos, que tenemos familia”, expresó Ludueña.
Además, resaltó que necesitan mantener consultorios equipados y capacitarse constantemente para brindar mejor servicio.
La profesional advirtió sobre el impacto educativo que generaría la falta de profesionales.
“Si los DAIC o los profesores que están dentro de la educación especial dejan de prestar servicio, las maestras no van a saber cómo generar apoyos”, sostuvo.
El sector representa apenas 0,021% del PBI nacional
Ludueña trabaja con un equipo de 32 profesionales especializados en autismo y neurodivergencia. Sin embargo, explicó que existen casos más complejos donde las personas dependen completamente del servicio domiciliario para funciones básicas como respirar o alimentarse.
El sector representa apenas el 0,021% del PBI nacional. “Ni siquiera estamos tocando una dimensión abrupta”, argumentó la referente al defender la viabilidad económica de las prestaciones.
La Ley 29.401 garantiza que personas con discapacidad reciban prestaciones médicamente indicadas. Las obras sociales deben cubrir estos servicios, mientras el Estado atiende casos sin cobertura social.
“Hay indiferencia, hay un no te escucho”
“Hay indiferencia, hay un no te escucho”, describió Ludueña el sentimiento generalizado tras el veto. Los profesionales reclaman que se trata de una ley de emergencia, no de nuevas propuestas a analizar.
La manifestante concluyó pidiendo unión social: “La sociedad la construimos entre todos y se vienen tiempos muy difíciles si no nos apoyamos”.
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