Revocan prisión domiciliaria a bombero de La Playosa

Personal policial de la Departamental General San Martín trasladó este martes a Rodrigo Santi, de 31 años, al Establecimiento Penitenciario local. La medida responde a la revocación de su prisión domiciliaria por delitos de instancia privada.

De trata del bombero de La Playosa por el que se habían realizado movilizaciones en reclamo para que cesará su prisión domiciliaria.

El operativo ocurrió durante la tarde tras una orden judicial directa. El detenido cumplía condena por abuso sexual, tenencia de pornografía infantil y corrupción de menores.

¿Por qué cesó la prisión domiciliaria?

La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Feria dispuso el traslado inmediato. Juliana Companys, fiscal a cargo, ordenó que el sujeto continúe el cumplimiento de su pena de forma efectiva en la unidad carcelaria.

La revocación del beneficio se produjo luego de un allanamiento de urgencia en la vivienda de Santi, ubicada en la calle Mendoza al 400 en Villa María.

El procedimiento se concretó tras un pedido de la querella ante la sospecha de que el acusado mantenía comunicaciones externas pese a las restricciones de la feria judicial.

Durante el operativo, los efectivos policiales encontraron el dispositivo móvil y un chip ocultos dentro del depósito de polvo de una aspiradora.

Ante esta irregularidad, se ordenó su traslado inmediato al Establecimiento Penitenciario N°5 de esa ciudad y se dejó sin efecto el uso de la tobillera electrónica.

José Álvarez, secretario de la fiscalía, coordinó la parte administrativa del proceso. La orden judicial se ejecutó sin incidentes por parte de los efectivos policiales asignados al procedimiento.

Detalles del operativo

Juan Gatica, director de la Unidad Operativa y comisario inspector, supervisó el traslado del condenado. El personal policial labró las actuaciones judiciales correspondientes para registrar el ingreso al penal.

El operativo movilizó recursos de la Unidad Regional Departamental en la zona urbana de Villa María. La Justicia local no informó de nuevos delitos, sino del cambio en la modalidad de ejecución de la pena.

Los primeros pasos de la causa

En los últimos días había tomado nuevamente trascendencia un hecho que sucedió a fines de 2024, en la localidad de La Playosa, cuando un bombero voluntario fue denunciado e imputado por los delitos de grooming y abusos contra menores.

Además de formar parte del cuerpo de Bomberos estaba a cargo de una Escuela de Capacitación de Menores, encargado de la formación Cadetes a nivel nacional.

Luego de las denuncias, se realizaron allanamientos en el domicilio del acusado y en el cuartel de bomberos de la localidad.

Allí se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que fueron claves para el avance de la investigación.

Desde ese entonces el bombero estuvo detenido acusado de cinco hechos: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.

Luego de esta instancia, los abogados solicitaron la prisión domiciliaria a la fiscalía de segundo turno, a cargo de la Fiscal Juliana Companys.

Prisión domiciliaria

El pedido de prisión domiciliaria fue acompañado por un certificado psicológico privado, firmado por el profesional Pedro Rodriguez de la ciudad de Río Cuarto, que describe un estado psíquico “deteriorado”, compatible con un “Trastorno Depresivo Mayor, un subtipo de depresión”.

Se alegó que, tras este cuadro depresivo, “necesitaría acompañamiento familiar para superarlo”.

Tras el pedido de prisión domiciliaria con ubicación en calle Mendoza al 400 en Villa María, un año después de su detención, el 23 de diciembre de 2025, la fiscal Companys aceptó la solicitud de la defensa, actualmente solo a cargo de la Dra. Perassi.

Repercusiones y denuncias

Ante esta situación, familiares de las victimas y abogados querellantes de los denunciantes realizaron expresiones públicas en medios de comunicación y redes sociales, lo que generó repercusión en la sociedad.

Entre lo expuesto, el abogado José Corigliano, representante de una de las querellas en la causa, denunció problemas con el expediente digital.

Informó que algunos detalles, como la designación de la tobillera electrónica, no se encontraban especificados.

“Recién la semana pasada se supo que el acusado tenía tobillera, porque la fiscal Companys sacó un comunicado. Si la hubiese tenido puesta desde un comienzo, tendría que haber estado escrito en la resolución, pero no fue así: quisieron protegerse”, expresó Corigliano en una entrevista.

Además, vecinos de la Playosa realizaron varias marchas exigiendo que el imputado deje el régimen de prisión domiciliaria y sea trasladado a una unidad penitenciaria.

La manifestación también se replicó en Villa María frente al domicilio del acusado, el cual fue custodiado por efectivos policiales, infantería y la Guardia Local de la ciudad.

Los manifestantes señalan que la medida judicial no garantiza la protección de las víctimas, y que la movilización busca reclamar transparencia y justicia en el proceso.