Organizaciones locales salieron a repudiar el escándalo que sacude por estos días a la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), institución que junto a otros actores del Gobierno, está siendo investigada por presuntas coimas.
Fue en ese marco que la agrupación Profesionales Unidos de Villa María y zona, el Consejo Asesor Municipal de Discapacidad de Villa María y miembros de la Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad lanzaron este lunes un comunicado.
El escrito lanza críticas al accionar de la Andis y el Ministerio de Salud, en medio de denuncias por presunta corrupción y recortes que afectan derechos esenciales.
Reclamo por corrupción y recortes en discapacidad
Las organizaciones calificaron de “inadmisible” la conducta adoptada por dicho organismo, que quedó envuelto en un escenario de corrupción y enriquecimiento indebido.
En ese sentido, recordaron las consecuencias que sufrió el sector: suspensión de prestaciones, recortes en terapias, demoras en pagos a prestadores, paralización de pensiones y trabas en la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Mientras trascendían denuncias por coimas millonarias, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad con el argumento de la austeridad.
Para las organizaciones, la decisión “expone la verdadera lógica de un modelo que ajusta a quienes más necesitan apoyo, mientras habilita negocios con fondos públicos”.
Exigencias al Gobierno Nacional
Las entidades reclamaron medidas urgentes para frenar la vulneración de derechos:
- Investigación inmediata y pública para sancionar responsables.
- Comisión investigadora en el Congreso con control social.
- Suspensión de auditorías actuales, hasta garantizar transparencia y accesibilidad.
- Restitución inmediata de pensiones dadas de baja.
- Protección de derechos básicos, evitando que ajustes afecten a familias y prestadores.
Emergencia en discapacidad: un reclamo vigente
Las organizaciones afirmaron que este escándalo reafirma la necesidad de implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad sin más demoras.
“Seguiremos construyendo redes colectivas para defender la dignidad de nuestro sector. No vamos a naturalizar la corrupción ni el ajuste”, remarcaron.
El comunicado concluye con un llamado a la unidad frente a la crisis: “La defensa de los derechos de las personas con discapacidad es una causa ética, política y social. Nadie se salva solo. ¡Emergencia en discapacidad ya!”.
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