El pasado viernes 16 de septiembre se presentaron en la Fiscalía de Primer Turno a cargo de Silvia Maldonado los hermanos Gustavo y Mario Escurra y durante la jornada de este lunes 19 se hicieron presentes en el despacho de la fiscal sus esposas Graciela Martina y Laura Susana Martínez.
Estas 4 personas se encuentran imputadas por ser los supuestos autores del delito de defraudación por administración fraudulenta.
Los acusados se abstuvieron de declarar ante la fiscal Maldonado sobre los hechos que se los está investigando.
Cómo fueron las maniobras que investiga la justicia
Según El Diario del Centro del País, eran tres hermanos Gustavo, Mario y Eduardo, este último falleció producto de un paro cardiaco.
Los tres tenían campos en la zona de Huinca Renanco donde de repente comenzaron a faltar animales y llegaron a desaparecer unos 800 aproximadamente.
Eduardo se dio cuenta del faltante del faltante cuando llegaba la notificación de las vacunación de los animales.
Este último denunció esta situación ante el fiscal de esa localidad.
El funcionario judicial imputó a Gustavo y a Mario por administración fraudulenta.
Se supone que, en principio, los animales podrían haberse vendido en el mercado negro porque el objetivo habría sido disminuir todo lo que se pudiera el patrimonio de Eduardo.
La mayoría de las empresas están en Villa María y por este motivo el caso lo tomó la fiscal Silvia Maldonado.
¿Por qué se investiga a las esposas?
El pasado 8 de abril la fiscal notificó la imputación de los hermanos Gustavo y Mario por la presunta autoría del delito de defraudación por administración fraudulenta.
Pero de acuerdo con un documento analizado por la justicia se decidió imputar a su esposas Graciela Martina y Laura Susana Rodríguez.
Javier Marcos, abogado de la familia de Eduardo en declaraciones a El Diario manifestó:
“Que los acusados aprovechando su calidad de accionistas y gerentes de las firmas familiares Las Tolvas SA y Molinos del Sur SA, desviaban fondos de estas para costear sus altísimos estilos de vida”.
“La Cámara de Apelación Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad impuso un coadministrador judicial en la empresa Las Tolvas, al advertir el desvío de fondos hacia una empresa creada por los imputados, además de la existencia de gastos ajenos a la actividad de la misma, tales como la adquisición de motocicletas de alta gama para uso personal de los directivos, costeo de vacaciones en el extranjero y gastos corrientes de las familias Escurra-Martina y Escurra-Rodríguez”, agregó.
