Tras la liberación de dos de los tres menores involucrados en el asesinato del remisero Ramón Maldonado, su hija Paola expresó su dolor. Se trata de dos chicos de 13 y 14 años.
La familia de Ramón Maldonado dio a conocer su disconformidad por la liberación de dos de los tres involucrados en el asesinato del remisero en James Craik.
Es que se trata de dos jóvenes de 13 y 14 años que se consideran inimputables por la edad. Solo quedó detenido en el Complejo Esperanza en Córdoba el que ahora tiene 18, al momento del crimen tenía 17.
En diálogo con Villa María VIVO, Paola Maldonado, relató su amargura.
“El de 13 volvió con su familia biológica y se fueron a vivir a Laguna Larga, no están más en James Craik. Pero no estaban aptos para recibirlo según las pericias.
Y el de 14 creo que está viviendo con una abuela en Villa María, a pocas cuadras de donde yo vivo”.
Una situación se complejiza aún más por asegura que “nos enteramos por los medios que los habían liberado. En realidad por otro caso con un menor judicializado en el mismo complejo y ahí empezamos a atar cabos.
Además, los vecinos de James Craik nos iban avisando. Pero desde la fiscalía y el SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) de Villa María nos decían que estaban en el complejo Esperanza”.
Luego fue su abogada quien logró constatar la información en la capital cordobesa.
“Los liberaron el 26 de diciembre, a dos meses del asesinato de mi papá”.
Por otra parte, explicó que: “El dolor aumento con estas injusticias. Mi papá era un gran hombre, padre y abuelo. Es la impotencia de que no podemos hacer nada. La desesperanza en la justicia.
Nos sentimos desprotegidos, ya que habíamos pedido protección legal sospechando que podía ocurrir la liberación por el tema de la minoría de edad. Pedimos una restricción y resulta que hace más de 20 días que están libres“.
Remisero asesinado: La palabra de la querella
Por su parte, la abogada que representa a la familia Maldonado en la querella, brindó más detalles sobre la liberación de los chicos.
Florencia Vottero dijo: “estos menores estaban con medida judicial por un mes y se prorrogó de manera extraordinaria por un mes más. Porque la ley no permite que estén en tipo de lugares como es el complejo Esperanza.
En esos meses se recabaron informes psicológicos, socioambientales que den un panorama de la situación en que se encontraban. Y si había algún familiar que se pudiera hacer cargo en su externación a los fines de contención”.
Y aclaró: “a nosotros como querella nos pesa que no vayan a tener responsabilidad penal. Pero el objetivo de la ley es su resociabilización, que es lo que más afectó en este caso.
Porque a la decisión la tomó SENAF Córdoba junto con otro juzgado, no dándole intervención al juzgado de Villa María. Donde constaban todos los informes realizados por SENAF Villa María de que las personas evaluadas no estaban aptas para hacer contención.
La idea era que fueran a una residencia dependiente de SENAF durante todo este proceso. Así estos menores se encuentran en la misma situación que se encontraban previo al delito. Por lo cual todo lo que protege la ley de menores no se cumple“.
Por último, sostuvo que el pasado viernes 13 de enero, cuando la fiscalía local tomó conocimiento de esta situación dictó medidas de protección para la familia Maldonado.
Pero “son víctimas, no pueden andar mendigando información”.