Por Adriana Revol (*).
En Córdoba se viene impartiendo una política de resocialización por medio de la tortura y los malos tratos. Implementan procedimientos que no buscan prevenir situaciones de conflicto, sino lo contrario.
Para dialogar con los detenidos, utilizan palos, cadenas y más aislación.
La “resocialización” toma un camino desconocido, como sucede en el penal de Villa María, donde los detenidos sufren las consecuencias de las crueles políticas del servicio penitenciario, y del poder judicial que mira para otro lado.
Los jueces todavía no se han enterado que la prohibición de la tortura y los malos tratos están incluidos en un sin número de leyes nacionales e internacionales, ellos ignoran que la tortura es un delito.
De esta manera el poder judicial garantiza la impunidad, y todo tipo de abusos pueden ocurrir sin ser cuestionados, y se va impartiendo el terror en las cárceles, sobre vulnerando sus derechos. Hay un estado ausente, cuando debe ser el garante de los derechos de las personas.
En esta unidad carcelaria, el director (antes jefe de seguridad), Gustavo Molina, toma decisiones arbitrarias, trasladando compulsivamente a los detenidos sin un aviso previo, provocando la falta de acceso al contacto con sus abogados defensores, con los jueces que atienden su causa, y con su juez de ejecución, que es quien debe garantizar que no se vulneren sus derechos y su dignidad personal, impidiendo un trato cruel, inhumano y degradante.
El traslado también produce un desarraigo familiar, ya que por cuestiones económicas, la familia no puede viajar a tantos kilómetros.
En los últimos meses, en este lugar de detención a habido alrededor de treinta traslados compulsivos, algunos de carácter arbitrario y burocrático.
El último trasladado lo sufrió Pedro Heredia quien fue trasladado solamente para que no moleste con sus denuncias a los atropellos del servicio penitenciario. Molina solo dijo que lo mandaba a Bower por “razones institucionales”, pidió que solo pusieran sus datos formales.
No hace falta aclarar que no hay violaciones a los derechos de estas personas sin la aprobación del poder judicial, por ejemplo el juez de ejecución, Arturo Ferreira, que debe justificar de alguna manera su oneroso sueldo, al menos firmando lo que la fuerza de seguridad le pida. De esta manera ignora que el traslado es otra manera de torturar y naturaliza y legitima estas prácticas
Estos son solo algunos de los malos tratos y torturas recibidas por las personas privadas de la libertad de este penal, en los últimos treinta días.
Cristian Castellano, recibió como política de estímulo de reinserción, una buena paliza solo por usar un arito.
Iván Alejandro Díaz se cosió la boca después de haber empleado diversas tácticas, pidiendo el acercamiento con su familia, sólo pretende ver a su hijito, para lo cual pide se lo traslade a la ciudad de Marcos Juárez al menos una vez al mes. La única respuesta fue encadenarlo a una cama en la zona de enfermería, y con la amenaza de que si continuaba molestando lo iban a capear (trasladar).
También hubo varios heridos algunos de gravedad, como es el caso de Cristian Palacios, quien estuvo gravemente herido tras una pelea dentro del pabellón tres y quien al día siguiente de ser operado, ya fue trasladado a la enfermería del penal por cuestiones de seguridad.
Efraín Arce, del pabellón once terminó con veinticinco puntos en el estómago, y diecinueve en el cuello.
Rodolfo Rodríguez alojado en el pabellón diez, tiene en su cabeza catorce puntos.
Henri Zabala, a modo de protesta se tragó unas hojas de afeitar, y estuvo internado en el hospital Pasteur, donde fue intervenido.
Estos son algunos resultados de las buenas intenciones de la dirección de la cárcel.
El servicio penitenciario recibe una formación totalmente deficiente o inapropiada, que ignora completamente el respeto a los Derechos de las personas.
En las cárceles, la represión, alcanza su máxima expresión.
(*) Militante de la Coordinadora Anticarcelaria de Córdoba.
