El caso de las dos bioquímicas detenidas por hacer testeos falsos de Covid tiene en su trama a otro bioquímico, padre de una de las imputadas.
También figura en la investigación un enfermero del Hospital San Roque de Córdoba, que habría facilitados trámites e insumos para los testeos falsos.
Otro dato llamativo, según publicó La Voz del Interior, es que la esposa de este bioquímico es militar y trabaja en el COE de Río Cuarto.
Las únicas dos detenidas y principales acusadas son las bioquímicas Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero.
Según dio a conocer el matutino cordobés, Villalón habría sido la encargada de contactar a los pacientes y realizar los hisopados.
Como además de ser bioquímica trabajaba para una empresa automotriz, esto le habría permitido conseguir insumos para testeos.
Lucero, su socia, que también se desempeñaba en el Hospital San Roque, habría realizado hisopados con insumos conseguidos presuntamente de manera irregular, agrega la publicación.
Esta mujer habría actuado en supuesta complicidad con el enfermero Javier Luján Zapata, también imputado en esta causa.
El hombre trabaja en ese hospital y habría sido quien ingresaba las muestras en el Laboratorio Central.
El otro bioquímico tiene un laboratorio
Una cuarta acusada es Florencia Galetto, novia de Villalón.
Según la causa, aparentemente se encargaba de conseguir los certificados y editarlos para que simularan ser reales.
Su padre, Rodolfo Adrián Galetto, otro bioquímico, preside un laboratorio en Río Cuarto, y está sospechado de tener un rol clave en las maniobras.
Florencia y Rodolfo Galetto también están imputados.
Las presuntas maniobras delictivas se habrían cometido durante la segunda mitad de 2020 en Córdoba Capital.
Por eso la causa está radicada en la fiscalía de Gustavo Dalma, de la ciudad capital.
Las bioquímicas detenidas iban a domicilio para realizar exámenes para la detección de Covid.
La conexión con Villa María
Los resultados eran entregados impresos en certificados falsos de distintos laboratorios, como Gornitz, de Villa María, quien presentó la denuncia que inició la investigación.
Según la fiscalía, los exámenes eran absolutamente falsos, sin que los laboratorios supieran.
El papel (que se enviaba por WhatsApp) tenía teléfonos pixelados o borrados para que no se pudieran leer y nadie pudiera luego llamar.
Los hisopados se cobraban entre $ 6.000 y $ 11.000 cada uno.
En los allanamientos por este caso se secuestró gran cantidad de dinero e insumos que serían parte de la misma trama.
Pablo Gornitz, titular de laboratorio villamariense, contó cómo fue que descubrió la situación y la llevó ante la Justicia.
Considero que las profesionales le hicieron mucho daño a la comunidad.
También presentó una denuncia ante el Colegio de Bioquímicos de Córdoba.
