El fiscal federal de Buenos Aires, Guillermo Marijuan, denunció a 52 universidades nacionales, entre las que figura la Universidad Nacional de Villa María (UMVM), para que se investiguen millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios desde el gobierno durante el kirchnerismo.
Según publicó al agencia DyN y replicaron medios, el fiscal reclamó en su denuncia que “todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”.
“Entre noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional, repartiéndose el 70 por ciento de esos fondos a las nuevas universidades creadas entre 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires”, señaló Marijuan en base a investigaciones periodísticas que también se presentaron como prueba.
Contexto
Esta presentación se da en un momento en el que rectores de varias universidades, incluido Luis Negretti de la UNVM, reclaman al gobierno nacional por la distribución de fondos que alcanzó a unas, pero no a otras, como la de Villa María.
Las investigadas
Además de las universidades de Villa María, Córdoba, y Río Cuarto, se menciona a estas otras casas de estudio:
Buenos Aires, Catamarca, Del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Comahue, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Jujuy, La Matanza, La Pampa, La Plata, Del Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Del Sur, Tecnológica Nacional, Tucumán, La Rioja, Lanús, Tres de Febrero, Patagónica Austral, De las Artes, Chilecito, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chaco Austral, Villa Mercedes, Avellaneda, Del Oeste, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Moreno, Arturo Jauretche, José C. Paz, Comechingones, Hurlingham, Alto Uruguay y Rafaela.
Autoridades y empleados
En el dictamen al que accedió DyN, el fiscal sostuvo que “la complejidad de las maniobras podrían sumar otras calificaciones legales”, pero por ahora las maniobras habrán de investigarse como “malversación de caudales públicos”.
Según el fiscal, cada juez deberá analizar “el extenso período de tiempo investigado para determinar quienes son” las personas imputadas: hay que “determinar quienes han sido las autoridades universitarias así como los empleados de estas instituciones que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos recibidos desde el Estado Nacional”, dijo.
