Villamarienses condenados por lavado y delitos financieros

Investigan nuevamente a la Mutual de calle General Paz.

El Tribunal Federal de Córdoba impuso penas de prisión en suspenso y una multa de 500 mil dólares a los involucrados por usar una mutual para lavar activos.

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba condenó a siete villamarienses por integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos tributarios y financieros.

Los condenados, entre quienes se encuentran empresarios y profesionales reconocidos en la ciudad, utilizaron la estructura de una mutual para realizar actividades ilegales y lavar activos mediante la compra de inmuebles y vehículos.

Penas de prisión en suspenso y multas

Según pudo conocer El Diario, Fernando Santiago Ateca y Jorge Héctor Sufé, empresario y abogado respectivamente, recibieron una condena de tres años de prisión en suspenso por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, agravada, y lavado de activos. Además, Ateca fue condenado por evasión simple tributaria.

El contador Miguel Alberto Álvarez también fue sentenciado a tres años de cárcel en suspenso por su participación en la asociación ilícita y en la intermediación financiera no autorizada, así como por lavado de activos en calidad de partícipe necesario.

Por su parte, Carlos Alberto Giovanardi, Delfín Armando Polack, Richard Eduardo Grenat y María Eugenia Tabares fueron condenados a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso como cómplices secundarios de los delitos mencionados y como partícipes necesarios de intermediación financiera no autorizada, agravada.

Condenas económicas y decomiso de propiedades

Con los acuerdos, se determinó que los acusados deberán pagar 500 mil dólares para reparar el daño causado.

Ateca deberá abonar 240 mil dólares; Sufé, 120 mil; Álvarez, 90 mil; Polack, 35 mil; y Giovanardi, Grenat y Tabares, 5 mil dólares cada uno.

El tribunal también absolvió a Franco Arce, Fabio Darío Machado y Silvia Marcela Della Rosa, quienes habían sido acusados en la misma causa.

Además, se ordenó el decomiso de más de 20 propiedades en la capital provincial y en Villa María.

Según pudo saber El Diario, uno de estos inmuebles será destinado a la instalación de la sede de la Fiscalía Federal de Villa María, en preparación para la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Córdoba.

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