La comunidad LGBT+ se movilizó en Tribunales tras el crimen de la mujer trans

Este viernes por la mañana, la organización Orgullo VM-VN encabezó una concentración frente al edificio de Tribunales de Villa María en reclamo de justicia por el asesinato de Jessica Núñez, la mujer trans de 44 años hallada sin vida días atrás.

Por el crimen se encuentran detenidos Johana Mailen Rogero (22) y su padre, Cristian Oscar Rogero (48).

Durante la manifestación, integrantes del colectivo remarcaron que el pedido excede el accionar de la fiscalía y apunta a una falla estructural del Estado.

“El pedido es de justicia al sistema, no únicamente al Poder Judicial, porque este ha actuado con celeridad y ya hay dos personas detenidas. Pero entendemos que este travesticidio ocurre porque hay muertes previas: la expulsión, la falta de contención y la falta de respuestas. Hubo múltiples organismos y sectores del Estado que desoyeron los pedidos de ayuda de Jessica mientras atravesaba una situación de consumo problemático”, expresó Juana Hidalgo, referente de Orgullo VM-VN.

Por un proyecto de ley antidiscriminatorio

En el marco de la movilización, los voceros de la agrupación visibilizaron el avance de una propuesta legislativa que busca crear una herramienta de protección en el territorio cordobés, ante la quita de organismos de contención a nivel nacional.

Al respecto, Hidalgo señaló la pérdida de espacios institucionales como el INADI y el Ministerio de Las Mujeres, Géneros y Diversidad tras la reestructuración del Gobierno Nacional, lo que motivó la necesidad de buscar amparo en la esfera provincial:

• Enfoque pedagógico y reparatorio: La iniciativa busca ir más allá de una sanción puramente punitiva. Apunta a que quienes ejerzan agresiones o exclusión deban realizar acciones de reparación comunitaria y procesos de aprendizaje.

• Alcance amplio: Aunque es impulsado por la comunidad LGTBQ+, el proyecto abarca también la discriminación por discapacidad, creencias religiosas u otras vulnerabilidades.

Por su parte, Nelson, integrante de la organización que trabaja en la articulación de la iniciativa, precisó que se están formando comisiones en la Legislatura de la Unicameral de Córdoba para aportar indicaciones al texto.

“Queremos que la gente entienda que no es gratuito discriminar ni agredir a una persona de la comunidad ni a nadie por su creencia o discapacidad. Sabemos que los legisladores han recibido bien el proyecto, aunque hay sectores incómodos con la ampliación de derechos. De cara al ciclo electoral, quienes busquen el acompañamiento de la comunidad deberán apoyar concretamente esta ley”, remarcó el activista.