El exintendente de Villa María, Eduardo Accastello, se defendió de las acusaciones por supuestos sobreprecios en obras del Eninder cuando el ente estaba bajo su conducción, y negó también haber enriquecido ilícitamente.
Dijo que el informe de la Auditoría General de la Nación fue modificado y que están apuntando exclusivamente hacia su persona.
En una entrevista concedida a Cadena 3, Accastello dijo que “no existe ningún tipo de enriquecimiento ilícito” de su parte y que tiempo atrás entregó “la suma de declaraciones juradas patrimoniales” a la Justicia Federal.
Esto fue en referencia a los 290.000 dólares de numeración correlativa hallados en una caja de seguridad de la exfinanciera CBI que estaban a nombre de Fernando Boldú, pero con autorización para poder ser usada la cada por parte de Accastello.
“El dinero no es mío”
“Tuve la oportunidad de presentarme a través de la fiscalización que hizo la Afip, hace 40 días, donde se dice que no debo demostrar la tenencia de ningún recurso. El dinero no es de Accastello”, aseguró en tercera persona.
Remarcó que la Afip “concluyó hace 40 días que Eduardo Accastello no tiene que demostrar la tenencia. El dinero no es mío. Proviene de un recurso de la familia de Boldú. Quedó demostrado que es de su familia”.
Ante la pregunta de por qué, si el dinero era de la familia de Boldú, su nombre aparecía como habilitado a operar es caja, dijo que fue porque son “amigos desde hace años”
Eninder: los controles los hacía cada municipio
Con respecto a los supuestos sobreprecios, dijo que Eninder hizo pavimento y cordón cuneta con “los valores publicados por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba”, por lo que los precios de referencia eran esos, a partir de los cuales se hacían las licitaciones.
También dijo que “los controles los hacía cada uno de los municipios. Cada contrato que se firmaba tenía actos administrativos, con aprobación legislativa de cada uno de los concejos deliberantes, y pasaba por los tribunales de cuentas. Al final del año se aprobaban los balances por parte de cada municipio”.
Sobre la denuncia penal por parte de la Asamblea contra la Corrupción, dijo que “es un sector eminentemente político”.
También declaró que se demoró “en salir públicamente a decir todo esto, porque queríamos tener toda la documentación. Allí se ve que todas las obras se hicieron, son visibles, y se hicieron en el marco de los precios convenidos por parte de la Secretaría de Obras Públicas”.
Foto: Archivo.
