En los últimos días tomó nuevamente trascendencia un hecho que sucedió a fines de 2024, en la localidad de La Playosa, cuando un bombero voluntario fue denunciado e imputado por los delitos de grooming y abusos contra menores.
Se trata de Rodrigo Santi, quien en ese momento tenía 30 años.
Además de formar parte del cuerpo de Bomberos estaba a cargo de una Escuela de Capacitación de Menores, encargado de la formación Cadetes a nivel nacional.
Luego de las denuncias, se realizaron allanamientos en el domicilio del acusado y en el cuartel de bomberos de la localidad.
Allí se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que fueron claves para el avance de la investigación.
Desde ese entonces el bombero estuvo detenido acusado de cinco hechos: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.
Juicio abreviado y domiciliaria para el bombero por abusos
Sin embargo, tras su posibilidad de indagatoria, el acusado reconoció todos los hechos que se le imputaban y sus abogados defensores de ese entonces, Alejandro Bianco y Teodora Perassi llevaron a cabo una instancia abreviada inicial con la Fiscal.
En este procedimiento, que es habitual cuando el imputado hace reconocimiento llano de los hechos que se le acusan, se acordó una pena inicial de 8 años de prisión.
El expediente será elevado a la Jueza de Control, Soledad Dottori, luego de la feria judicial.
Luego de esta instancia, los abogados solicitaron la prisión domiciliaria a la fiscalía de segundo turno, a cargo de la Fiscal Juliana Companys.
El pedido fue acompañado por un certificado psicológico privado, firmado por el profesional Pedro Rodriguez de la ciudad de Río Cuarto, que describe un estado psíquico “deteriorado”, compatible con un “Trastorno Depresivo Mayor, un subtipo de depresión”.
Se alegó que, tras este cuadro depresivo, “necesitaría acompañamiento familiar para superarlo”.
Tras el pedido de prisión domiciliaria con ubicación en calle Mendoza al 400 en Villa María, un año después de su detención, el 23 de diciembre de 2025, la fiscal Companys aceptó la solicitud de la defensa, actualmente solo a cargo de la Dra. Perassi.
Repercusiones y denuncias
Ante esta situación, familiares de las victimas y abogados querellantes de los denunciantes realizaron expresiones públicas en medios de comunicación y redes sociales, lo que generó repercusión en la sociedad.
Entre lo expuesto, el abogado José Corigliano, representante de una de las querellas en la causa, denunció problemas con el expediente digital.
Informó que algunos detalles, como la designación de la tobillera electrónica, no se encontraban especificados.
“Recién la semana pasada se supo que el acusado tenía tobillera, porque la fiscal Companys sacó un comunicado. Si la hubiese tenido puesta desde un comienzo, tendría que haber estado escrito en la resolución, pero no fue así: quisieron protegerse”, expresó Corigliano en una entrevista.
Además, vecinos de la Playosa realizaron una marcha el pasado miércoles exigiendo que el imputado deje el régimen de prisión domiciliaria y sea trasladado a una unidad penitenciaria.
La manifestación también se replicó el pasado domingo en Villa María frente al domicilio del acusado, el cual fue custodiado por efectivos policiales, infantería y la Guardia Local de la ciudad.
Los manifestantes señalan que la medida judicial no garantiza la protección de las víctimas, y que la movilización busca reclamar transparencia y justicia en el proceso.
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