«Era notorio que había un error», afirmó el abogado Eduardo Rodríguez, defensor del exintendente Martín Gill, al fundamentar el desenlace del proceso judicial por lesiones leves calificadas que culminó con el sobreseimiento por prescripción de la acción penal dictado de oficio por la Cámara del Crimen de Villa María.
Por qué la causa no volvió a Río Tercero
Tras conocerse la resolución que declaró extinguida la persecución penal en el expediente iniciado por su expareja, el letrado explicó, además, los motivos procesales por los cuales la causa no continuó radicada en los tribunales de Río Tercero.
«Cuando una causa llega a la etapa de elevación a juicio, la defensa tiene dos opciones: oponerse y apelar —lo cual hubiera trasladado el expediente a Río Tercero— o someterse a la elevación normal hacia la Cámara del Crimen que corresponde, en este caso la de Villa María», detalló Rodríguez.
De acuerdo con el letrado, la decisión de no apelar se apoyó en los antecedentes del fuero local:
«Con lo que había en el expediente, ya existían antecedentes de prescripciones declaradas en la Cámara del Crimen de Villa María similares a esta. Optamos por no ir a Río Tercero y someternos al juicio previo ese examen de legalidad obligatoria. La causa no lo pasó: la Cámara detectó de oficio los errores que ya habíamos advertido con anterioridad frente a una resolución bastante técnica y errónea de la jueza de control».
Un plazo de dos años para juzgar
En relación con el instituto de la prescripción, Rodríguez subrayó que se trata de un derecho aplicable a cualquier ciudadano:
«Cualquier persona tiene derecho a ser juzgada en un tiempo razonable, plazo fijado por ley en dos años para este tipo de figuras. Esto se sabía de antemano y no debe sorprender a nadie; es un término que recae sobre los organismos del Estado, obligados a actuar con la mayor diligencia».
El debido proceso y la prueba que no se produjo
Asimismo, el profesional remarcó que los tratados internacionales sobre violencia de género no invalidan las garantías constitucionales:
«No son en contra de quien está acusado, sino para exigirle a los Estados que pongan el énfasis necesario. Ningún principio constitucional es superior a otro y entre ellos está el debido proceso».
Por último, la defensa sostuvo que el fallo deja un sabor agridulce en términos probatorios:
«La extinción de la acción penal le impide al Estado seguir investigando, pero también privó al imputado de producir una importante cantidad de prueba que habíamos ofrecido oportunamente y que hacía al fondo del planteo de Martín Gill, quien siempre proclamó su inocencia».






































