Choferes de Uber denuncian “cacería” y exigen poder trabajar

Choferes de aplicaciones como Uber y Didi se reunieron en el Concejo Deliberante para denunciar una “persecución” a raíz de la nueva ordenanza. El concejal Manuel Sosa presentó un proyecto para suspender su aplicación por 60 días y crear una mesa de diálogo que busque regular la actividad de manera consensuada.

Desde el Municipio advirtieron que las aplicaciones de viajes comenzaron a registrarse en ciudades como Córdoba y que se espera que también lo hagan próximamente en Villa María.

Esto, recordando que la ordenanza establece que primero deben registrarse las aplicaciones de viajes y luego podrán hacerlo los respectivos choferes.

Mientras tanto, un nutrido grupo de choferes de Uber y Didi en la sede del Concejo Deliberante de Villa María la mañana del viernes 14 de noviembre.

La tensión se centra en la nueva ordenanza, que exige a las empresas como Uber registrarse en el municipio, dejando a los conductores fuera del marco legal local si estas no lo hacen.

El encuentro tuvo como resultado inmediato la presentación de un proyecto de ordenanza por parte del concejal Manuel Sosa para suspender la “cacería” de vehículos que denuncian los choferes y con esto intentar abrir “un nuevo plazo de negociación”.

“Nos sentimos delincuentes”, dicen choferes de Uber y Didi

Durante el acalorado debate en el Concejo, los conductores no solo expusieron sus argumentos, sino también la angustia y la frustración que sienten ante los recientes operativos de control.

El sentir generalizado fue que la nueva normativa los ponía en una “situación de ‘delincuentes'”, como expresó uno de los presentes, quien denunció una persecución a su fuente de trabajo.

A esta percepción se suma una sensación de injusticia, expresada en un reclamo que apunta a una aparente hipocresía en el sector del transporte regulado.

“¿Si está prohibido para nosotros, por qué no los cazan a los taxistas que usan Uber?”, cuestionaron.

Esta no es solo una percepción; usuarios de las plataformas han verificado que al solicitar un viaje por Uber, en ocasiones llega un taxi, evidenciando que mientras un sector del taxismo se opone públicamente a las apps, otros las utilizan para captar pasajeros.

Además, los choferes argumentaron que “nos dieron poco tiempo para inscribirse”, lo que impidió que muchos pudieran adecuarse a la normativa.

Ante este escenario, la petición central fue clara y directa: “Logremos 60 días más de plazo para que no nos salgan a cazar”.

Este clamor por tiempo y diálogo forzó una respuesta política inmediata para desactivar la crisis.

La propuesta de Sosa

Frente a las demandas de los conductores, el concejal Manuel Sosa presentó formalmente un proyecto de ordenanza que pretende desactivar el conflicto inmediato y sentar las bases para una solución negociada.

La propuesta se estructura en dos ejes centrales:

1. Postergar por 60 días el plazo de implementación de la ordenanza vigente. El objetivo es permitir un “proceso de adecuación realista y ordenado”, evitando sanciones y la interrupción abrupta del servicio.
2. Crear una mesa de trabajo permanente. Este espacio buscaría avanzar en una regulación consensuada y de cumplimiento efectivo, incluyendo al Municipio, representantes de las aplicaciones y los conductores. Según se detalló, la mesa estaría conformada por un concejal de cada bloque, un representante del Ejecutivo, un representante de los conductores, uno de los taxistas y, potencialmente, un representante de la unión de consumidores y usuarios de la auditoría, garantizando que todas las voces sean escuchadas.

“La regulación es necesaria, pero también debe ser posible. El diálogo y los tiempos razonables son claves para evitar una crisis mayor”, afirmó el concejal Sosa.

El proyecto ahora deberá ser tratado en comisión antes de su posible debate en el recinto, marcando el inicio de la siguiente etapa legislativa del conflicto.

La voz de un chofer: Entre persecución y derecho al trabajo

El impacto de los operativos adquiere una dimensión más cruda al escuchar el testimonio en primera persona de uno de los choferes.

Tras la reunión, un conductor expresó el “dolor” y enojo que sienten, enmarcando su reclamo en el fundamental “derecho al trabajo”. Describió los operativos como una cacería que vulnera sus derechos ciudadanos:

“Que te abran el auto, que te hurguen tu celular, que es privado, que te anden vigilando las patentes para ver si estaba vinculado con tal y tal”.

Para los conductores, un punto clave aclarado en la reunión fue la legalidad de las medidas.

Operaban bajo la creencia de que los secuestros de vehículos eran legales, por lo que la afirmación de Sosa de que la ordenanza “no te habilita al secuestro de un vehículo” sino solo a una multa, fue una revelación que alimentó su sensación de haber sufrido un abuso de autoridad.

La crítica más dura se dirigió a la comunicación oficial: “Una desinformación total que en eso sí responsabilizamos al municipio”, afirmó el chofer, calificando la publicación de la normativa únicamente en el boletín oficial como “un poco capcioso y puede ser hasta tramposo”, ya que “ningún ciudadano se pone a ver los boletines”.