El Concejo Deliberante de Villa María ratificó por mayoría un contrato de locación que permitirá la instalación de la base operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la ciudad. El concejal Manuel Sosa, rechazó la propuesta y criticó el monto de alquiler, entre otros detalles del acuerdo.
El acuerdo, celebrado entre la Municipalidad y la Sra. Yanina Natacha Genovese, fue calificado por la concejala Yaslis Oses como una “decisión estratégica” que garantiza la presencia permanente de 40 efectivos de la FPA.
La edil, defendió el proyecto, asegurando que el inmueble fue “evaluado y validado” técnicamente por las autoridades de la Fuerza.
“La aprobación de este convenio implica fortalecer la seguridad, profesionalizar la prevención y consolidar un proceso de inversión sostenida”, manifestó Osés.
Sin embargo, la ratificación del contrato se produjo en medio de cruces por el rechazo del concejal Manuel Sosa.
Sosa, de Uniendo Villa María, cuestionó duramente el procedimiento del Ejecutivo municipal, señalando que el contrato es “irregular, costoso y carente de los controles básicos”.
Por su parte, los ediles del bloque Juntos por Villa María acompañaron la aprobación de la ratificación.
El inmueble que el municipio alquiló se encuentra en Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 552.
Para este, se fijó el valor de $6.700.000 mensuales más IVA, ajustado cuatrimestralmente. El contrato tiene una duración de 3 años.
Rechazo y crítica de Sosa: los motivos
Sosa denunció que el Ejecutivo ya había firmado el contrato el 20 de noviembre, contradiciendo declaraciones públicas previas del Intendente que afirmaban que “aún estaban evaluando opciones”.
Para el concejal, esto demuestra falta de transparencia y un manejo engañoso, más aún al tratarse de proveedores vinculados históricamente a la gestión oficial.
El concejal subrayó además el riesgo financiero de la operación.
Por un lado, cuestionó que el alquiler asciende a “casi 300 millones de pesos”, un monto que consideró desproporcionado en comparación con contratos similares aprobados recientemente por un valor mucho menor.
También advirtió que el convenio fija intereses por mora del 1% diario, una tasa que calificó de usuraria y perjudicial para las finanzas municipales.
También remarcó que el Ejecutivo omitió remitir la locación al Tribunal de Cuentas, un paso obligatorio según la Ordenanza de Compras.
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