Un nuevo instrumento legal para intervenir búnkeres de droga, aguantaderos y edificios abandonados tomó forma en Córdoba con la firma del gobernador Martín Llaryora. El proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos busca dotar al Estado de un marco de acción sobre ese tipo de propiedades.
La iniciativa establece un procedimiento de intervención temprana con actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas.
Las medidas posibles incluyen cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia de inmuebles.
Cuando la complejidad del caso lo requiera, la Justicia podrá ordenar acciones de mayor alcance.
Entre ellas, desalojos, demolición de construcciones usadas para comercializar drogas o la restitución del inmueble a sus legítimos propietarios.
Destino de los fondos
El proyecto define también qué ocurrirá con los bienes decomisados y los recursos provenientes de causas de narcotráfico.
El 60% se destinará al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la FPA.
El 40% restante financiará programas del Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.
La iniciativa crea además la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos.
Estos organismos coordinarán el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, la FPA, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y los municipios.
El proyecto invita a municipios y comunas a sumarse al nuevo régimen mediante convenios de cooperación para ejecutar las intervenciones en el territorio.
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