Se trata de un proceso judicial sin precedentes hasta el momento que trajo consigo una gran controversia.
Se comenzó una discusión entre quienes priman los derechos de la niña gestante y quienes velan por el derecho a la identidad de la bebé.
El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba declaró la “adoptabilidad” de una niña.
La bebé nació luego de que la persona gestante, una adolescente de 12 años de edad, solicitó acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la semana 35 semanas.
Fue en base al uso del derecho que le confiere la Ley n.º 27.610.
La jueza del caso inusual, Mariana Wallace, determinó que el consentimiento informado brindado para la interrupción del embarazo “constituye una causa de declaración judicial de adoptabilidad respecto de la niña/o que nace por la práctica”.
Según informaron, el consentimiento dado para la interrupción del embarazo sería el punto de partida para decidir sobre la adoptabilidad de la niña nacida.
La jueza sostiene que la gestante dejó claro su deseo de no ejercer la maternidad.
Esto implicaría un nuevo territorio en el que se tiene que resolver la condición jurídica de una niña recién nacida a la que su gestante ya decidió “no maternar”.
En este sentido, dispuso que la adolescente no fuera citada al proceso de adopción, según manifestó el medio Hoy Día.
Se considera que el consentimiento informado habla por sí mismo de la determinación de la gestante de no asumir los cuidados de la beba recién nacida.
Este caso presenta una difícil situación en la que reparan los derechos de la mujer gestante y los derechos de la niña nacida.
Además, Wallace rechazó la idea de mantener a la recién nacida en una familia transitoria.
Por eso ordenó su salida del hospital directamente con los adoptantes seleccionados del Registro Único de Adoptantes.
También la jueza planteó la posibilidad de generar dos actas de nacimiento para casos similares.
Una que preserve los datos biológicos y otra que resguarde la identidad del nacido ante terceros.
Si bien la resolución aún no es firme, este pronunciamiento marca un hito en la intersección de los derechos de género y niñez en el contexto de la ILE.
