La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes sumó un nuevo capítulo de conflicto.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó enérgicamente la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación de enviar inspectores a los establecimientos educativos para controlar el acatamiento a las medidas de fuerza bajo el régimen de “servicio esencial”.
Esta decisión se produce a raíz del paro docente que CTERA organiza este lunes 3 de agosto en todo el país con motivo de la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
Desde la conducción sindical advirtieron que la iniciativa de la cartera nacional atenta directamente contra garantías laborales fundamentales.
Según señalaron, la medida “constituye un grave intento de restringir el ejercicio del derecho de huelga”, una prerrogativa resguardada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reforzada por los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La propia OIT ha sostenido que la educación no constituye, en términos generales, un servicio esencial que justifique limitar el derecho de huelga”, fundamentaron desde el gremio.
Un choque de jurisdicciones
Más allá del debate constitucional, la UEPC remarcó que el anuncio de la Casa Rosada carece de aplicabilidad práctica en la jurisdicción mediterránea.
En Córdoba, la gestión del sistema educativo —tanto público como privado— es una competencia exclusiva del Estado provincial, al igual que los marcos legales de las relaciones laborales docentes.
En ese sentido, remarcaron que el Ministerio de Capital Humano “carece de facultades para inspeccionar, controlar o promover sanciones” sobre el personal que depende de la provincia, calificando la iniciativa como “jurídicamente inviable”.
Paritarias y Estado de Derecho
Ante lo que consideran una estrategia de intimidación, la organización gremial ratificó que no cederá en sus reclamos laborales ni aceptará presiones sobre el ejercicio sindical.
“Ninguna amenaza podrá sustituir el diálogo paritario. Defender el derecho de huelga es defender la libertad sindical, la negociación colectiva y el Estado de Derecho”, concluyeron, anticipando que recurrirán a todas las herramientas legales y constitucionales necesarias para resguardar los derechos de las y los trabajadores de la educación
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