El fiscal de instrucción René Bosio brindó precisiones sobre cómo avanza la investigación judicial tras el asalto perpetrado en una gestoría del automotor de Villa María.
Durante una conferencia de prensa oficial, el funcionario señaló que el expediente recién inicia su desarrollo probatorio luego del deceso del comerciante Rolando Álvez, de 44 años.
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El titular de la fiscalía caratuló la causa bajo la figura penal de homicidio en ocasión de robo doblemente agravado por el uso de arma en poblado y en banda.
Esta imputación recae sobre los cuatro sospechosos aprehendidos por su presunta vinculación directa con el episodio registrado en calle Entre Ríos 1620.
Peritajes forenses
De acuerdo con la autopsia ordenada por la fiscalía e instrumentada por el médico forense Gustavo Rodríguez, el titular del comercio falleció a causa de un shock hipovolémico por herida de arma de fuego.
El damnificado había sido asistido en el inmueble y derivado de urgencia por Bomberos Voluntarios al Hospital Regional Pasteur.
Las directivas inmediatas impartidas en el lugar incluyeron la toma de declaraciones a personas presentes y familiares de la víctima.
En ese procedimiento colaboraron la secretaria Pepino, el jefe departamental Mauricio Savena y el personal de la Policía Científica del Ministerio Público Fiscal.
Elementos secuestrados
Las pesquisas permitieron ubicar una camioneta Chevrolet Tracker sobre bulevar Vélez Sarsfield, en el acceso a la colectora de la autopista.
Los testimonios recogidos vincularon dicho rodado con los momentos posteriores al ataque armado en el local comercial.
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En paralelo, patrullas policiales interceptaron una camioneta Toyota Hilux a la vera de la Ruta Nacional 9, a la altura de las arterias Catamarca y Julio Castellanos en Pilar.
En ese control los efectivos procedieron al secuestro de una suma relevante de dinero compuesta por pesos, dólares y cheques, además de un arma con cartuchos.
Nuevas medidas
Bosio enfatizó que “hay muchísimas cosas que ver” y que los procedimientos continuarán para profundizar el análisis de las pruebas recolectadas.
Los acusados permanecen alojados y a disposición de la fiscalía interviniente para la sustanciación de los actos procesales venideros.
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El funcionario judicial ponderó la articulación operativa mantenida con el ministro de seguridad Juan Pablo Quintero, la cúpula policial encabezada por Iván Rey y las autoridades de la municipalidad local.
Qué significa la imputación
El Código Penal prevé entre 10 y 25 años de prisión para el homicidio en ocasión de robo (art. 165). Sin embargo, cuando se suman agravantes, la escala penal cambia:
Uso de arma de fuego: según el criterio judicial vigente en Córdoba, activa el artículo 41 bis y eleva la escala un tercio: el rango pasa a ser de 13 años y 4 meses hasta 33 años y 4 meses.
En poblado y en banda: al combinarse con el homicidio (mediante concurso de delitos), permite a los jueces elevar la pena tomando como base la más gravosa.
En los hechos, una persona imputada por este delito con ambas agravantes enfrenta penas que van desde los 10 años (en el escenario base) hasta un máximo aproximado de 33 años y 4 meses de prisión, monto final que el tribunal define según la violencia empleada, los antecedentes y el rol del acusado.
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