La legisladora provincial Karina Bruno, integrante del bloque Córdoba, presentó este martes 9 de junio de 2026 un proyecto de resolución en la Legislatura para solicitar el apartamiento preventivo de Marcos Carasso de su cargo en el Tribunal de Cuentas de la provincia, tras conocerse su imputación en una causa judicial.
La medida fue impulsada luego de que se hiciera pública la imputación del funcionario en una investigación que sigue una presunta defraudación y maniobras de sobrefacturación superiores a los 1.400 millones de pesos contra la obra social de los jubilados, PAMI, a través de una empresa llamada Ethical.
El proyecto de Bruno tras la imputación de Carasso
El pedido de la legisladora villamariense se fundamentó en la gravedad institucional que representa el caso para la provincia de Córdoba.
La presentación se concretó tras conocerse que los procedimientos ordenados por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, incluyeron allanamientos en las oficinas del propio órgano de control.
En declaraciones radiales a Ahora Noticias por Canal 10, Bruno explicó que Carasso es un funcionario de alto rango del máximo organismo de control provincial.
La legisladora señaló que el investigado no puede continuar cumpliendo sus funciones actuales de manera regular hasta que la causa judicial avance y se esclarezca la situación.
La representante del bloque Córdoba afirmó que existieron trascendidos sobre el allanamiento a la oficina pública, pero advirtió sobre la falta de comunicaciones oficiales y de información clara y precisa sobre los motivos que originaron el procedimiento en el Tribunal de Cuentas.
Impacto de la investigación
La legisladora contextualizó el impacto de la investigación judicial y la vinculó con la situación del entorno personal o familiar de Carasso, con el cual estaría relacionada la empresa involucrada.
Bruno remarcó que los fondos afectados debían cubrir el funcionamiento de la obra social médica de los jubilados.
En su argumentación, recordó que el contexto actual incluye medidas de fuerza de profesionales médicos, reclamos de farmacias por atrasos en los pagos correspondientes y la preocupación de diferentes intendentes de la provincia de Córdoba ante las deficiencias detectadas en la prestación del servicio de la obra social.
Finalmente, la legisladora diferenció su postura de otros sectores de la oposición al aclarar que el proyecto parlamentario exige un apartamiento preventivo y no una remoción definitiva del cargo.
Bruno manifestó que esperó con prudencia una decisión voluntaria del Tribunal de Cuentas o de Carasso antes de avanzar con la iniciativa.
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