El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ratificó su rechazo al veto presidencial a la ley de discapacidad durante un encuentro con instituciones y legisladores nacionales.
La reunión, celebrada en el Centro Cívico, fue convocada por el Ministerio de Desarrollo Humano ante el reclamo de más de 150 organizaciones del sector discapacidad.
Participaron representantes de Capredis, la Fundación Converger, ATI y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos. Todas reclamaron que se declare la emergencia en discapacidad.
Legisladores ratificaron su compromiso
Los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez escucharon los planteos y manifestaron su rechazo al veto.
También hicieron llegar su apoyo Juan Brügge y Natalia De la Sota, quien recientemente lanzó su propio frente político.
Desde el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba se comprometieron a defender la vigencia de la ley vetada, que garantizaba la actualización de aranceles y fortalecía políticas públicas clave.


Llaryora: “Esta ley no tiene impacto fiscal”
El gobernador Llaryora se sumó al encuentro para expresar su respaldo: “Como gobernador quería brindarles mi apoyo explícito. Esta ley representa humanidad y justicia, no un gasto fiscal”, aseveró.
El mandatario provincial rechazó los argumentos del Ejecutivo nacional al afirmar que “el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley”.
Y además, consideró que el veto representa un retroceso ideológico en materia de inclusión.
Políticas provinciales para personas con discapacidad
Llaryora también destacó las acciones que impulsa su gestión, incluso en un contexto adverso: “Estamos destinando fondos específicos para proyectos que promueven la autonomía laboral de las personas con discapacidad.”
Asimismo, puso en valor los avances logrados en materia de inclusión educativa y laboral, y llamó a que el respaldo a estos derechos trascienda las banderas partidarias.
Marcha en Villa María
Por el veto que firmó Javier Milei, cientos de personas se movilizaron este martes por las calles céntricas de Villa María.
La propuesta reunió a prestadoras de servicios, profesionales de la salud, jubilados y familias de personas con discapacidad.
En esta ocasión, también se dieron cita funcionarios del ámbito local y provincial, quienes se mostraron en desacuerdo con la medida adoptada por el Gobierno nacional.
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