Por Jesús Chirino (*)
Desde la UTEM continuamos trabajando gremialmente, a pesar que desde el Poder Ejecutivo se nos ponen todos los impedimentos posibles, para dar a conocer la realidad de nuestros compañeros municipales en relación a las condiciones laborales que sufren. Como venimos haciendo desde hace un tiempo vamos relevando la cantidad de precarizados laborales que existen en cada repartición. Vimos que los medios han proporcionados cifras de facturantes y contratados en el municipio, quizás la ciudad va entendiendo que este es un problema de todos los villamarienses.
Desde hace años venimos señalando que la precarización laboral en el municipio es un tema que debe ser encarado con seriedad y con la suficiente capacidad de gestión para ser resuelto en el más breve tiempo posible. No resulta para nada positivo que la mayoría de los empleados de la ciudad tengan disminuidos sus derechos, resulta imprescindible tanto que se normalice la situación laboral de los trabajadores municipales como también que se derogue el articulado discriminatorio de la ordenanza que establece menos derechos a quienes a partir de 2006 ingresaron a la planta permanente de empleados.
Villa María, una ciudad que cuenta con más cien funcionarios municipales rentados a los que se les hace los aportes jubilatorios, se les paga obra social, etc, no puede tener un alto porcentaje de empleados a los cuales se les niega esos derechos. Esta situación hace que se caiga en situaciones difíciles de entender como que el municipio le asegura, aportes mediantes, cobertura de salud a los funcionarios y familia, en tanto que los trabajadores que aparecen como becarios o facturantes y sus familias no tienen asegurado ese derecho.
En los centros de promoción familiares “Cárcano”, “Ranitas Saltarinas”, “Ninina Taís”, “Bichito de Luz”, “Dr. Illia” y “Ida Álvarez” trabajan quince empleadas que figuran como facturantes y que tienen hasta siete años de antigüedad en la administración municipal. Son docentes y auxiliares que diariamente trabajan para que niños de la ciudad accedan a un derecho tan fundamental como es el de la educación. Pero ellas mismas, las empleadas municipales tienen violentados sus derechos. En esos lugares, como en cada repartición, la precarización laboral adquiere rostro humano, en este caso el de las educadoras y auxiliares que atienden a hijos e hijas de villamarienses. No son números, como tampoco son proveedores de servicios, en realidad son empleados precarizados. Quien lo quiera negar estará negando esa verdad que es la realidad.
(*) Unión de Trabajadores de los Estados Municipales
