El bloque de concejales de la oposición envió un pedido de informe al jefe de Gabinete, Héctor Muñoz tras la sentencia del TSJ sobre las condenas por acoso laboral.
El bloque Vamos Villa María envió un pedido de informe a la Municipalidad solicitando conocer la situación laboral de los agentes de tránsito, Rubén Alberto Quevedo y Néstor Fabián Carranza.
Ambos fueron condenados por la justicia por casos de acoso laboral en perjuicio de dos trabajadoras del área.
Dirigida al jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, preguntaron si Quevedo y Carranza, “continúan a la fecha en su carácter de empleados de este Municipio, en qué área y puesto y si tienen personal a cargo, puntualmente mujeres”.
Quieren saber, además si el municipio tomó “medidas disciplinarias, en razón de las sentencias condenatorias” y cómo resolverá la cuestión económica que plantearon las condenas.
“Toda mujer tiene el derecho a desarrollarse laboralmente y llevar a cabo su actividad sin ser sometida a tratos arbitrarios y discriminatorios, a ser considerada y valorada exclusivamente por su trabajo y no por cuestiones que exceden a lo laboral y se ubican en el terreno de lo estético, o de la intimidad y lo personal”, describieron los concejales.
Agregaron que el caso “reviste especial gravedad cuando ocurre en el ámbito de lo público, donde es el Estado el responsable de velar por el respeto a la dignidad y un ambiente laboral saludable para sus trabajadoras y por lo tanto creemos necesario un pronunciamiento al respecto de parte de la Municipalidad de Villa María”.
Qué es violencia contra las mujeres
La ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales establece en su art. 4 que:
“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
Sobre los casos
En el caso de Quevedo, la trabajadora municipal Ivana Chialvo inició acciones legales en su contra (y contra la Municipalidad) aduciendo que el hombre se aprovechó de su situación jerárquica y la hostigó, acosándola sexual y laboralmente, señalando también que su condición laboral de contratada la colocó en una situación de vulnerabilidad frente a Quevedo, temiendo por su continuidad laboral.
En cuanto al caso de Néstor Fabián Carranza, demandado junto con el Municipio por la trabajadora Mónica Marcela Quiero también se interpuso recurso de casación ante el T.S.J, pero a diferencia del caso anterior, fue el demandado quien lo interpuso al sentirse agraviado por la sentencia condenatoria emanada del tribunal de primera instancia, siendo declarado inadmisible, es decir el recurso fue denegado por el T.S.J.
Foto: archivo VillaMaríaVIVO!
