Con el objetivo de amortiguar el impacto de la recesión nacional, dinamizar el consumo interno y sostener el empleo privado, el gobernador Martín Llaryora presentó los lineamientos del Presupuesto Provincial 2027.
La iniciativa profundiza el esquema de alivio tributario iniciado en el ejercicio vigente y proyecta que $1,5 billones permanezcan en manos de las familias y los sectores productivos cordobeses.
El paquete de medidas llega en un contexto económico adverso: según el diagnóstico oficial, la caída de la actividad a nivel país provocó en Córdoba el cierre de más de 3.000 comercios y la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo, sumado a una retracción en la recaudación provincial que lleva más de diez meses consecutivos.
Frente a este panorama, el Ejecutivo apostó a reducir la presión impositiva combinándola con un estricto recorte de gastos estatales no esenciales para preservar el equilibrio fiscal.
Los ejes centrales de la rebaja impositiva
El esquema tributario para 2027 abarca rebajas directas sobre los principales gravámenes provinciales y amplía el universo de beneficiarios:
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Impuesto Inmobiliario Urbano: Alcanzará al 100% de las propiedades de la provincia. El 97% de los inmuebles recibirá una reducción del 30%, mientras que el 3% restante accederá a una baja del 5%. Se mantendrán intactas las exenciones para adultos mayores, personas con discapacidad, viviendas sociales, entidades sin fines de lucro y sectores vinculados a la salud, educación y economía popular.
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Ingresos Brutos: La alícuota general bajará del 4,75% al 3,50% (un recorte de 1,25 puntos porcentuales). Asimismo, se incorporarán 40.000 nuevos contribuyentes al régimen de alícuota reducida, elevando el total a 110.000 beneficiarios (el 58% del padrón provincial).
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Impuesto Automotor: Se aplicará una quita del 50% para vehículos afectados al transporte público de pasajeros, taxis, unidades que operan mediante plataformas digitales, pacientes crónicos y personas con discapacidad.
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Campo e industria: Continuará la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para el sector agropecuario, la mera compra y las industrias promovidas, dando continuidad además a la Ley de Promoción Industrial y al programa Impuestos por Inversión.
Nueva Ley de Promoción del Comercio
Como novedad estratégica para apuntalar a uno de los rubros más golpeados por la caída del consumo, Llaryora impulsará una Ley de Promoción del Comercio.
La normativa extenderá a la actividad mercantil los beneficios del mecanismo Impuestos por Inversión, permitiendo que los establecimientos accedan a descuentos en Ingresos Brutos en proporción a las inversiones que ejecuten para modernizarse o generar nuevos puestos de trabajo.
Prioridad social y ajuste en el gasto político
Para financiar este alivio tributario -que supera ampliamente los $900.000 millones estimados en el ejercicio anterior- sin comprometer las cuentas públicas, el Gobierno provincial aplicará un criterio de austeridad en la administración central.
Entre las medidas más destacadas figura una reducción del 40% en la inversión destinada a publicidad oficial.
En materia de obra pública, la Provincia garantizará los fondos para finalizar la infraestructura que actualmente se encuentra en ejecución, pero aplicará un filtro restrictivo para el inicio de nuevos proyectos, limitándolos únicamente a aquellos considerados estratégicos.
De este modo, el grueso de los recursos presupuestarios quedará blindado para sostener las prestaciones esenciales en salud, educación, seguridad y asistencia social para los sectores más vulnerables.





































