El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que crea un nuevo marco legal para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas o que representen un riesgo para la seguridad pública.
La norma también incorpora nuevas herramientas para la lucha contra el narcotráfico y define el destino de los bienes decomisados.
Qué establece la nueva ley
La legislación declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención y recuperación de inmuebles utilizados como búnkeres, aguantaderos o guaridas del delito.
Además, contempla la intervención de propiedades abandonadas o deterioradas cuando representen un riesgo para la comunidad.
Asimismo, aclara que el simple desuso no será motivo suficiente para actuar.
Medidas preventivas
Entre las acciones previstas figuran el tapiado, el cerramiento, la clausura provisoria, el bloqueo de accesos y la custodia preventiva de los inmuebles.
Estas medidas tendrán un carácter preventivo y podrán aplicarse inicialmente por un plazo de hasta seis meses.
Sin embargo, también abre posibilidad de prórroga si persisten las condiciones que motivaron la intervención.
La norma también determina que los casos vinculados con ocupaciones, conflictos de posesión o medidas de mayor alcance deberán tramitarse por la vía judicial.
Más herramientas contra el narcotráfico
La ley incorpora modificaciones a la legislación vigente para que los fiscales especializados puedan solicitar al juez medidas destinadas a poner fin al funcionamiento de búnkeres utilizados para el narcomenudeo.
Entre las herramientas previstas se incluyen la clausura del inmueble, el aseguramiento del lugar y la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita.
También, de manera excepcional, la demolición total o parcial de las construcciones utilizadas para cometer delitos, siempre mediante una resolución judicial.
Crean nuevos organismos y definen el destino de los bienes decomisados
La normativa crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos para coordinar las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y los municipios.
Además, establece que el dinero obtenido por la venta de bienes decomisados en causas de narcotráfico se distribuirá con un destino específico.
El 60% se utilizará para fortalecer el equipamiento, la logística y la tecnología de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Mientras que, el 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas y abordaje de consumos problemáticos.
También prevé que vehículos y otros bienes decomisados puedan ser asignados a la Fuerza Policial Antinarcotráfico para tareas operativas.
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