Villa María tendrá una cuarta Defensoría Pública, luego de que la Legislatura de Córdoba aprobara la creación de una nueva oficina con funciones múltiples.
La medida amplía la estructura de la defensa pública en la ciudad, que actualmente cuenta con tres oficinas.
La creación fue aprobada durante la última sesión de la Legislatura provincial y forma parte de una ley que contempla nuevas dependencias judiciales.
Villa María sumará una cuarta Defensoría Pública
La nueva dependencia tendrá Funciones Múltiples y se incorporará a la estructura judicial que funciona actualmente en Villa María.
La legisladora provincial Karina Bruno destacó la importancia de la decisión y señaló que permitirá fortalecer la atención destinada a sectores vulnerables.
“Villa María tiene actualmente tres defensores públicos y, a partir de la sanción de la ley aprobada la semana pasada, pasa a tener una cuarta defensoría pública”, explicó Bruno.»
La legisladora remarcó que todavía quedan cuestiones administrativas por resolver antes de conocer cuándo comenzará a funcionar efectivamente la nueva oficina.

Cuándo comenzará a funcionar la nueva Defensoría
Uno de los puntos que todavía debe definirse es la forma en que se ocupará el nuevo cargo creado para la Defensoría Pública de Villa María.
Según explicó Bruno, resta determinar si la oficina podrá comenzar a funcionar sin un funcionario designado o si será necesario realizar previamente un concurso.
“Ahora el tema pasa por ver cuándo se pondrá en funcionamiento, si puede comenzar aunque no haya un funcionario designado, o si se realiza la apertura del concurso”, explicó.
De esta manera, la creación ya fue aprobada legislativamente, aunque su puesta en funcionamiento dependerá de las decisiones administrativas posteriores.
Qué importancia tendrá la cuarta Defensoría en Villa María
Para Bruno, la incorporación de una cuarta Defensoría Pública representa un avance importante para la sede judicial de Villa María.
La legisladora sostuvo que estas oficinas cumplen una función central para garantizar el acceso a la Justicia de personas y sectores en situación de vulnerabilidad.
“Es importantísimo tener una oficina más”, destacó la legisladora, al remarcar la necesidad de ampliar la capacidad de atención.
Además, señaló que la nueva estructura adquiere mayor relevancia frente al crecimiento de la ciudad y las nuevas demandas que llegan diariamente al sistema judicial.
En ese sentido, consideró que Villa María necesita contar con mayores recursos para acompañar las necesidades de una comunidad que continúa ampliando sus demandas.

Más capacidad para atender las demandas judiciales
La cuarta Defensoría permitirá ampliar la capacidad de respuesta de la defensa pública y facilitar el acompañamiento de quienes no pueden acceder a un abogado particular.
“Villa María tendrá una cuarta Defensoría, algo necesario para acompañar el crecimiento de la ciudad y también las nuevas demandas que llegan a la Justicia”, sostuvo Bruno.
La legisladora también vinculó la incorporación con los cambios previstos en materia de derechos de las víctimas y el crecimiento de las competencias judiciales.
“Esto significa más capacidad para atender, acompañar y dar respuesta a quienes necesitan de la defensa pública”, agregó.
Cuál es la función de los defensores públicos
La Defensoría Pública tiene entre sus principales objetivos garantizar el acceso a la Justicia de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
De acuerdo con los lineamientos difundidos por el Poder Judicial de Córdoba, la defensa pública busca compensar desigualdades y garantizar una prestación eficaz, oportuna y de calidad.
Entre sus objetivos también se encuentra contribuir a la protección de los derechos y garantías de sectores vulnerables dentro del sistema judicial.
Acceso a la Justicia y defensa técnica
Otro de los objetivos consiste en brindar una defensa técnica adecuada, procurando condiciones similares a las que tendría una persona que puede contratar un patrocinio particular.
La defensa pública también apunta a fortalecer su estructura institucional y desarrollar modelos de gestión que faciliten el acceso a la Justicia.
Además, busca promover políticas propias como sector diferenciado dentro del Poder Judicial, en cumplimiento de los mandatos constitucionales.
La ampliación de la estructura pretende acompañar el crecimiento de las necesidades judiciales y garantizar una atención adecuada para quienes requieren representación pública.
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