El caso de una familia de la ciudad fue presentado este lunes en la ciudad de Córdoba. Piden la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por un año y el cambio del índice a uno que no esté atado a la inflación.
Noelia Meza es villamariense y con su caso representa a los tomadores de créditos UVA de la región ante la Justicia Federal, representados por la abogada Julia Irazoqui, integrante del colectivo de autoconvocados.
La mujer y su pareja tomaron un crédito de 2,2 millones de pesos en enero 2018, contó a El Diario. Comenzaron pagando 10 mil pesos y hoy están abonando 20 mil pesos por mes que se le debitan automáticamente de sus sueldos.
La deuda inicial de los villamarienses era de 2,2 millones de pesos y hoy es de 3,6 millones de pesos. Desde 2016 a la fecha, el valor del crédito se incrementó casi un 170% porque la unidad de valor con la que se actualiza el crédito comenzó valiendo 14,05 pesos y actualmente cuesta 37,40 pesos.
Ante la justicia
“Buscamos que se cumpla el pacto inicial”, dijo a El Diario Meza, días antes de presentarse ante la justicia, ya que “inicialmente la cuota no iba a superar un alquiler”, explicó.
El caso de la familia villamariense es uno de los cuatro que se presenta este lunes, en representación de distintas zonas cordobesas. A lo largo de los próximos meses se irán sumando otros.
El objetivo de los tomadores de créditos es “frenar las ejecuciones judiciales y mínimamente cristalizar las cuotas hasta obtener respuestas del gobierno nacional con la sanción de la Ley de Emergencia Uva”, explicó la mujer.
Actualmente existen 14 proyectos en el Congreso para contener las difíciles situaciones de familias argentinas que tomaron deuda.
Modificaciones
– Solicitan el cambio de fórmula del cálculo UVA: hoy se maneja a través del índice CER y piden que se tome el índice de valor salarial
– Piden que no se indexe el capital adeudado. Denuncian que hubo un decreto del que no fueron informados cuando tomaron el crédito.
– Además piden que se detengan los remates.
Opciones
La situación no puede presentarse a través de un amparo colectivo porque todos los créditos son diferentes en tasa, años y modalidad.
La abogada Irazoqui, explicó a Cadena 3 que no tienen otra opción porque todavía no se habilitó la comisión de Finanzas para acceder a “una ley de emergencia que trate la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por un año y el cambio de índice de uno atado a la inflación a otro más amigable como el de variación salarial”.
Foto: archivo VillaMaríaVIVO!
