La abogada local María Carla De Falco advirtió que los casos de Ángel López, en Comodoro Rivadavia, y de Emiliano Messa, en Villa María, exponen una grave falla del sistema de protección de la infancia.
La jurista se mostró muy conmovida por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en un contexto de violencia familiar.
El hecho le recordó inmediatamente el caso de Emiliano Messa, ocurrido en 2021 en Villa María.

En aquella causa, De Falco representó a José Messa, padre biológico del niño. El caso terminó con la condena de Ana Yael Piedra y Jonathan Fernández.
De Falco pidió escuchar las alertas
La abogada local sostuvo que ambos casos presentan una coincidencia “tan dolorosa como alarmante”.
Según explicó, tanto Ángel como Emiliano murieron en contextos de violencia ejercida por sus madres y las parejas de estas.

“Esta realidad expone con crudeza una falla profunda del sistema de protección de la infancia”
La profesional del derecho remarcó que en ambos episodios hubo progenitores que intentaron advertir sobre situaciones de riesgo, pero no fueron escuchados de manera adecuada por las instituciones.
“Esta realidad expone con crudeza una falla profunda del sistema de protección de la infancia”, afirmó la letrada.

La falla del sistema de protección infantil
Para De Falco, el problema no se limita a la falta de detección de signos de abuso.
También cuestionó la desatención de denuncias concretas realizadas por familiares que buscaban activar mecanismos de protección.
La abogada indicó que el sistema judicial, los organismos administrativos y los equipos interdisciplinarios tienen la obligación de actuar “con rapidez y seriedad”.
Además, sostuvo que toda intervención debe tener una verdadera perspectiva de protección integral del niño.

La importancia de la Ley Lucio
En ese contexto, De Falco recordó la relevancia de la Ley Lucio, cuya implementación efectiva consideró urgente.
Según explicó, la norma establece la capacitación obligatoria de agentes estatales para prevenir y detectar situaciones de violencia infantil.
También señaló que la ley obliga a cambiar la forma de actuar frente a estos casos, priorizando siempre el interés superior del niño.
“No solo impone la capacitación obligatoria de los agentes estatales, sino que exige escuchar activamente, intervenir a tiempo y priorizar siempre el interés superior del niño”, sostuvo.
“La protección de la infancia no admite margen de error”
La jurista aseguró que tanto el caso de Ángel como el de Emiliano demuestran la necesidad de revisar los criterios de intervención.
En ese sentido, pidió evitar prejuicios o miradas sesgadas que puedan llevar a minimizar denuncias o relativizar situaciones de riesgo.
“La protección de la infancia no admite margen de error”, remarcó la abogada.

También consideró fundamental fortalecer los canales de denuncia y garantizar que cada advertencia sea registrada, analizada y seguida por las autoridades competentes.
Para De Falco, la articulación entre organismos debe ser inmediata y eficaz, especialmente cuando un progenitor solicita ayuda ante una posible situación de violencia.
“Cuando un progenitor pide ayuda, el Estado debe responder. No hacerlo implica una omisión que puede tener consecuencias irreversibles”, expresó.
Un llamado a actuar antes de que sea tarde
Finalmente, De Falco señaló que la muerte de Ángel López y Emiliano Messa no solo enluta a sus familias, sino que interpela a toda la sociedad.
La abogada insistió en que el Estado debe garantizar un sistema que funcione, escuche y actúe a tiempo frente a cualquier señal de violencia infantil.
“En materia de infancia, llegar tarde no es una opción”, concluyó.
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