Este miércoles por la mañana, la secretaria de Seguridad, Guadalupe Vázquez, encabezó una ronda de prensa en el Palacio Municipal para referirse al proyecto poner un freno a la creciente problemática de las conocidas “hordas de motos”.
Vázquez explicó que la nueva ordenanza enviada al Concejo Deliberante busca actualizar el marco legal para enfrentar este tipo de circulación masiva y peligrosa en la vía pública.
Puntos clave
Anticipó que los inspectores estarán habilitados a desconectar equipos de sonido o dispositivos agregados a vehículos que generen ruidos o desórdenes.
Esto, incluso mediante cortes de cables, cuando los conductores se nieguen a retirarlos voluntariamente.
La funcionaria recordó que durante la emergencia vial del año pasado se secuestraron más de 600 caños de escape sin silenciador, pero remarcó que hoy la problemática presenta nuevas aristas.
“Necesitamos contemplar otras situaciones que vemos todos los fines de semana. Esta ordenanza apunta a proteger el espacio público y adaptar la legislación a una realidad que se ha expandido”, señaló.
La sanción más severa para poner freno a las motos
Vázquez destacó que la penalidad más grave contemplada es el decomiso de las motocicletas preparadas para picadas o utilizadas en estas hordas.
“La sanción más gravosa no es solo la multa triplicada, sino el desapoderamiento del bien, que luego se subastará para volver a circular en condiciones óptimas. Esa moto deja de ser del titular que la conducía”, enfatizó.
Aclaró además que el municipio no puede aplicar sanciones como la privación de la libertad, ya que esa facultad corresponde exclusivamente al Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba y a la Policía.
Destacó que durante el último fin de semana largo, la Policía realizó 10 detenciones por maniobras peligrosas.
Violencia creciente y trabajo conjunto
La secretaria de Seguridad advirtió que el fenómeno se ha vuelto más violento, tanto hacia las fuerzas de control como entre los propios participantes.
“Hemos visto policías heridos en operativos y peleas entre ellos mismos que terminaron con lesionados de magnitud”, afirmó.
Señaló que los allanamientos y secuestros de vehículos efectuados por la Policía cuentan con un fuerte sustento en el material fílmico del sistema de monitoreo urbano, que cada lunes es remitido a la Justicia para su evaluación.
Mayor intervención judicial
La nueva ordenanza también habilita al municipio a iniciar acciones legales en representación de los vecinos y a realizar denuncias más contundentes.
“Instamos al Poder Judicial a redoblar esfuerzos. Necesitamos una respuesta coordinada para que este fenómeno no siga creciendo como en otras localidades”, expresó Vázquez.
Por último, confirmó que el proyecto ya fue elevado al Concejo Deliberante y que esperan su tratamiento “en las próximas horas”.
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