Desde el Municipio prefirieron no salir al choque directo con los taxistas, pero se ocuparon de hacer trascender su postura para restar peso relativo a la protesta de este jueves, al tiempo que remarcaron el cumplimiento de la ordenanza.
Para sostener esa línea, en la comuna sacaron cuentas: de las casi 500 licencias habilitadas en Villa María, calculan que la mitad de los conductores ya utiliza aplicaciones para captar viajes.
Bajo esa premisa, minimizan el impacto de la marcha de este jueves, asegurando que no movilizó a más de 30 vehículos. “¿Y el resto dónde está?”, sintetizó un funcionario municipal.
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A la lectura numérica le sumaron el ingrediente político.
Desde el Palacio Municipal tiñeron el reclamo de cierta intencionalidad opositora, atribuyendo a referentes de veredas contrarias al oficialismo un protagonismo que —según leen en la sede de gobierno— responde más a las especulaciones de las elecciones del año próximo que a la coyuntura real del sector.
No obstante, el mensaje oficial buscó despejar sombras sobre la fiscalización: “La ordenanza se cumple”, ratificaron.
Como prueba, exhiben los vehículos que resultaron interceptados y sancionados en controles de tránsito tras detectarse que operaban con plataformas no registradas en la ciudad, en contravención con la normativa local.
De fondo, el terreno que pierden los taxis tradicionales frente al avance vertiginoso de las apps —especialmente entre los más jóvenes— vuelve a poner en jaque a un sistema históricamente cuestionado por la tarifa y el estado de las unidades.
Un escenario complejo que el oficialismo prefirió seguir de cerca, pero sin bajarse al barro ni otorgar mayor entidad política a la manifestación callejera.
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