El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto para crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, conocido como “Ley Joaquín”.
La iniciativa fue impulsada en las últimas horas por el gobernador Martín Llaryora.
La misma propone establecer estándares mínimos de trato, información, participación, asistencia, protección y reparación para quienes sufren un delito.
Además, el proyecto incluye reformas en el Código Procesal Penal de Córdoba.
El objetivo -según cuentan- busca que los derechos de las víctimas se apliquen de manera efectiva y no queden solo en declaraciones formales.
Qué establece la Ley Joaquín en Córdoba
El proyecto de Ley Joaquín busca ordenar y reforzar el sistema de protección a las víctimas, garantizando un marco común de derechos desde el primer contacto con la Justicia.
La iniciativa parte de un diagnóstico claro: aunque existen herramientas legales, en muchos casos las víctimas enfrentan falta de información, demoras judiciales y situaciones de revictimización.
Por ese motivo, el régimen propone un piso mínimo de protección para todas las víctimas de delitos en la provincia, sin modificar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.
Derechos que tendrán las víctimas de delitos
El proyecto establece un conjunto de derechos que deberán ser garantizados por el Estado y por los operadores judiciales.
Entre los principales puntos incluidos en la Ley Joaquín se destacan:
- Derecho a trato digno, privacidad y prevención de la revictimización.
- Acceso a información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus etapas.
- Posibilidad de contar con patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.
- Derecho a participar activamente en el proceso judicial.
- Acceso a asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita.
- Aplicación de medidas urgentes de protección ante riesgos o intimidaciones.
- Posibilidad de acceder a reparación integral del daño, por vía penal o civil.
Además, el proyecto incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar con rapidez para evitar demoras que agraven el daño sufrido por la víctima.
Cambios en el Código Procesal Penal de Córdoba
La propuesta también introduce reformas procesales para garantizar que los derechos de las víctimas puedan aplicarse en la práctica.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la posibilidad de que víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes dentro del proceso judicial.
Asimismo, se refuerza la obligación de informar y notificar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos durante el avance de la causa.
Participación de la víctima en decisiones judiciales
Otro aspecto central del proyecto es la ampliación de la participación de la víctima en distintas instancias del proceso penal.
La iniciativa prevé que las víctimas puedan ser informadas o participar en decisiones clave como:
- Prisión domiciliaria.
- Libertad condicional.
- Suspensión del juicio a prueba.
- Procedimientos de juicio abreviado en delitos graves.
En estos casos, el proyecto establece que las víctimas deberán recibir información obligatoria cuando se trate de delitos contra la vida, la integridad sexual, la libertad o hechos de violencia de género.
Además, se plantean modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, con el objetivo de evitar exposiciones innecesarias o repetidas que puedan generar revictimización.
Crearán un Observatorio de Víctimas de Delitos
La iniciativa también contempla la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos dentro del ámbito de la Legislatura de Córdoba.
Este organismo estará integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas.
Su función será elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia y acompañamiento a víctimas de delitos.
El proyecto establece además que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos presupuestarios necesarios para implementar el régimen mediante reasignaciones o previsiones específicas.
Por qué el proyecto se llama “Ley Joaquín”
El texto propone que la norma lleve el nombre “Ley Joaquín” en memoria de Joaquín Sperani, el joven de 13 años que fue asesinado en la localidad de Laboulaye.
El hallazgo del cadáver del adolescente se produjo en una casa abandonada, luego de tres días de intensa búsqueda.
Horas después, se supo por la autopsia que a Joaquín lo mataron de 18 golpes en la cabeza con un fierro y un pedazo de hormigón.
La consternación fue aún mayor cuando se conoció que el responsable del asesinato era su mejor amigo, también menor de edad.
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