El gobernador José Manuel de la Sota, en el marco de la Ley Antimotines, dispuso la cesantía y separación de personal de la Policía de Córdoba y del Servicio Penitenciario, retirado y en actividad, que el sábado 28 de junio, en Villa María, mantuvo un reunión convocada por una entidad que busca la agremiación sindical de los uniformados.
Según se argumentó desde el gobierno, este grupo de “incurrió en conductas de insubordinación e indisciplina, con la consecuente afectación del prestigio de la institución” y los acusaron de hostiles y tumultosos.
“Situación hostil y tumultosa”
El decreto del Poder Ejecutivo expresa que las personas involucradas, en el marco de un acto de carácter gremial o sindical no autorizado para el personal policial y expresamente prohibido para el personal penitenciario, participaron de una posterior “situación violenta, hostil y tumultuosa, avalando las agresiones físicas y descalificaciones verbales hacia los superiores que se apersonaron en el lugar”.
Tales conductas fueron consideradas “una falta gravísima ya que importan el quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al mando de las autoridades de la fuerza”, según se argumentó desde el gobierno.
El Poder Ejecutivo decidió con estos argumentos disponer la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución del personal que participó de estos actos. La medida afecta a 23 personas.
Se agregó que el personal retirado que participó de estos hechos dejará de pertenecer a la fuerza y perderá todos los derechos que las leyes y decretos reglamentarios le otorgan, con excepción de los derechos previsionales y asistenciales adquiridos.
En la tarde del jueves, el fiscal Gustavo Atienza dispuso la libertad de dos de los tres efectivos que aún permanecían detenidos.
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